Alberto Fernández cruzó un límite al desconocer el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno nacional a restituir los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Su decisión puede originar una crisis institucional sin precedentes desde el retorno de la democracia.
Esta vez no se trata de una escalada verbal o de convocar a la tropa a movilizarse en las plazas contra el lawfare: un poder del Estado se alza contra otro y se niega acatar lo que marca la Constitución.
La nueva embestida de Alberto Fernández no pasa inadvertida y contiene algunos puntos que merecen la atención.
En primer lugar, el presidente sienta un precedente peligroso al argumentar que el fallo es "imposible de cumplir". Con ese criterio, los ciudadanos quedarían habilitados a desobedecer las leyes según la propia conveniencia.
Así, un padre podría decir que no puede cumplir con la cuota alimentaria por considerarla impagable. Un conductor sería capaz de oponerse a respetar los límites de velocidad en caso de que no le convengan. Una obra social podría negarse a brindar tratamiento médico a sus afiliados.
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En segundo lugar, hay que preguntarse cómo es posible que un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires sea quien se resiste a cumplir lo que ordena el máximo órgano judicial del país.
La propia Cristina Kirchner aceptó el fallo de la Corte cuando en 2013 frenó la denominada democratización de la justicia. En ese entonces, el kirchnerismo buscaba que los magistrados fueran elegidos por voto popular.
Jorge Orgaz, abogado constitucionalista, va más allá: “Es imposible no cumplir los fallos de la Corte. Es un delito contemplado en el artículo 230 del Código Penal. Es una sedición contra el orden constitucional".
Después de la fiesta clandestina de Olivos y el vacunatorio VIP, ¿debe extrañarnos semejante arremetida contra la Justicia de un presidente que viola los decretos que él mismo dicta? ¿Con qué derecho la dirigencia política argentina puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las normas, si sus máximos representantes están al margen de la ley?
Julián Álvarez, flamante campeón del mundo, dijo ante una multitud en Calchín: “Si trabajan, se sacrifican, si todos los días hacen las cosas bien, y sobre todo son buenas personas, cada día están más cerca de cumplir sus sueños”.
Ojalá la política sea capaz de escuchar ese mensaje. Difícil en un país donde la vicepresidenta acaba de ser condenada por robar y el presidente desprecia la división de poderes. Difícil pero no imposible. Después de todo, y más en Navidad, la esperanza es lo último que se pierde.
