La secuencia se repite cada año: el detalle de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE), el suculento bono que los empleados de EPEC cobran casi en piloto automático por su presunto buen desempeño durante el ejercicio anterior, desata la indignación de buena parte de la opinión pública, la queja de entidades empresarias y una defensa incómoda de quienes militan en alguna de las variadas corrientes estatistas argentinas.
En este 2022 el plus tendrá un costo total de casi 920 mil pesos por empleado, como detalla esta nota publicada este domingo en La Voz del Interior. El desembolso promedio de bolsillo seguramente ronde la mitad de ese monto, una vez hechos los descuentos que corresponden por un lado al empleador y por el otro a los propios empleados, más lo que se llevará el Impuesto a las Ganancias.
En cualquier caso, un pago extra neto que orilla el medio millón de pesos para cada agente es una pequeña fortuna en la economía argentina de hoy. Insólitamente lo reciben también unos 500 “pasivizados”, ex empleados que se acogieron a una especie de jubilación anticipada y que ya no cumplen ningún tipo de función.
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Son en total $ 3.263 millones que la empresa del Estado provincial desvía para este fin. A ese dinero se le podría dar un uso mucho más provechoso para la sociedad que en teoría es “dueña” de la Epec.
Pese a que desde 2018 hubo avances en la racionalización del gasto salarial y se lograron las primeras designaciones por concurso en la EPEC, dejando de lado el feudal traspaso hereditario de los puestos, este bono que para la mayoría de los beneficiarios representa dos sueldos y medio permanece.
Creado a mediados de la década de 1970 por un decreto del brigadier Lacabanne, interventor federal de Córdoba, se sostiene por el miedo de buena parte de la dirigencia a poner en cuestión el mito de que se trata de que es una “conquista laboral”. Por ejemplo, desde la oposición radical sólo atinaron a proponer una suspensión temporal el año pasado. Pero no se animaron a impulsar la derogación de este irritante privilegio.
Un apunte final: los enormes problemas a los que conduce al sistema de energía nacional el populismo tarifario que promueve el kirchnerismo, a simple vista no tendrían que ver con la cuestión de la BAE. Pero en última instancia sí habría una conexión.
El gremio que demanda estos recursos extraordinarios, y que ha hecho regularmente exhibiciones de brutalidad en sus manifestaciones callejeras, es un promotor central del llamado modelo “nacional y popular”. Es decir, un actor político que finge que los recursos pueden crearse de la nada, que se desentiende de las relaciones más elementales entre ingresos y egresos o entre oferta y demanda.
