El Gobierno nacional ya no tiene un problema con la Justicia, tiene una obsesión.
Alberto Fernández arrancó su quinto mensaje ante la Asamblea Legislativa con fuertes acusaciones al Poder Judicial y lo terminó de manera enardecida en contra de los magistrados, hasta dirigiendo la vista hacia los dos miembros de la Corte Suprema que se sentaron a centímetros del estrado en el recinto.
El resto de la agenda económica, social, educativa, sanitaria, de infraestructura quedó eclipsado por el propio orador. Todo fue un tono monocorde para describir lo que el Presidente considera grandes logros de su gestión pero le dio un carácter épico a esos minutos que le dedicó a la Justicia dentro de sus horas exactas de exposición.
Favorecer a amigos y empresarios, tomar por asalto el Consejo de la Magistratura, violar la Constitución, meterse en la asignación de partidas presupuestarias, ser cómplices del narcotráfico en Rosario, dictar sentencias en contra de la ley, proscribir a Cristina Fernández. Todo en boca del titular del Ejecutivo sobre los miembros, o al menos la cúpula, del Poder Judicial.
Un presidente que habló de inflación y pobreza, por caso, pero muy encima, casi como si ocurriese en otro lado.
Su énfasis sobre la cuestión judicial habla mucho más de necesidades propias que de otra cosa. Y no porque estemos ante un funcionamiento correcto y aceitado de los Tribunales.
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Es evidente que la Justicia es mucho más parte del problema que de las soluciones en un país casi siempre en crisis. Sometidos a presiones de todo tipo de poderes, alejados de las realidades sociales, colmados de privilegios, el accionar de los magistrados no ha dado respuestas a las necesidades de la población. Su cuota parte en el flagelo de la inseguridad es incontrastable.
No es casual que el desprestigio que tienen en cualquier relevamiento de opinión pública.
Someter a jueces y fiscales a la crítica y el cuestionamiento es hasta un ejercicio institucional saludable.
Pero el problema es que la obsesión de Alberto, Cristina y el Frente de Todos con la Justicia no está planteado en términos de mejora de calidad institucional sino en términos de impunidad. Les molesta haber sido investigados y condenados, en algunos casos, por la Justicia.
No quieren una reforma para un mejor servicio judicial. Quieren no ser molestados. No son originales en eso. La anterior gestión de Mauricio Macri tenía operadores judiciales. Las gestiones provinciales, como la actual de Córdoba, tienen sometidos a sus poderes judiciales para no ser investigados.
Y en el caso de Alberto Fernández se agrega un degradante motivo más. Él embiste contra la Justicia no porque lo investigue o lo acorrale a él sino para congraciarse con su mentora y vice, que sigue sin registrarlo.
