Descuelguen a esa enfermera que posa el índice sobre sus labios de todos los despachos relacionados con la Salud pública en Córdoba. El silencio no sólo no es bueno para la integridad de los cordobeses sino que se ha convertido en una riesgosa política de Estado que nos pone cada tanto en las puertas de una tragedia.
Y pone, justamente, al Estado como cómplice de esas tragedias, que se llevan la vida de los cordobeses con un gobierno que mira de un lado hacia al otro como si fuera un partido de tenis.
Un gobierno que siempre apunta a ponerse en víctima y no como responsable de situaciones que ocurren bajo su jurisdicción.
Lo abrumador de las inexplicables muertes de bebés en el Hospital Neonatal nos sacude por todos los costados pero exhibe una constante: el modus operandi que repite el gobierno cordobés en distintas áreas.
Podríamos tomar Seguridad y la seguidilla de ejecuciones en menos de dos años, que siguen repitiendo como muestra que las supuestas respuestas institucionales no son suficientes.
Pero nos detengamos en Salud. Un capítulo antes de los fatídicos hechos del Neonatal.
Truchos
En diciembre de 2020, médicos de Río Cuarto advierten que en el COE de esa ciudad se desempeñaba un joven que parecía no tener formación ni título habilitante. Ignacio Martín, que después cobró notoriedad como “el médico trucho”, había sido designado y apadrinado por el número dos del COE provincial, Diego Almada.
La Provincia hizo una presentación pero no comunicó a la población sobre semejante aberración, incluso sabiendo que el joven había atendido pacientes que habían muerto.
Los cordobeses se enteraron el 27 de enero después de una presentación de un concejal opositor riocuartense y la difusión en Telenoche del caso.
El ministro de Salud, Diego Cardozo, intentó explicar que ellos habían hecho la denuncia el 22 de diciembre pero no hicieron algo elemental para la salud pública: advertirle a los ciudadanos de Río Cuarto que podían haber sido atendidos por un médico que no era médico.
Jamás se hicieron cargo de la responsabilidad política y una vez fue en su auxilio la Justicia provincial, que cerró rápido todas las causas que apuntaban a establecer cómo había llegado Martín a formar parte de la estructura sanitaria del COE.
Terror
Lo de la Maternidad es aterradoramente más grave. En las últimas horas se conoció que ya en septiembre de 2021 se produjeron decesos sospechosos de recién nacidos en el Neonatal. O sea, hace casi un año.
Hasta acá, las autoridades de Salud reconocían un primer caso en marzo de 2022. O sea, casi medio año.
Los cordobeses se enteraron cuando los medios comenzaron la semana pasada a difundir la noticia.
¿Qué pasó en el medio? Hubo denuncias de familiares, una fiscal que comenzó a investigar, un sumario interno, amenazas para el personal que guardase silencio sobre el escándalo, otra denuncia anónima para que apareciese otro fiscal y hasta ocultamiento de la información en el seno mismo del poder provincial.
Es que el propio gobernador Juan Schiaretti se enteró el jueves 11 de este mes mirando El Doce en su despacho que algo estaba ocurriendo en el Neonatal.
Es decir, es tal la política de ocultamiento que ni al jefe del Ejecutivo le comunican las cosas.
Ese dato puede ser políticamente relevante pero lo que realmente importa es que no se le avisó a la población durante largos meses de semejante cosa. No por el morbo, no por generar alarmas, por el simple hecho que era una información clave en materia de salud pública. Hay alrededor de 15 partos por día en ese hospital. Es decir que por año, hay unas cinco mil familias cordobesas que reciben allí un nuevo integrante.
Es obvio que debieron saber de alguna anomalía.
Si había la voluntad de esclarecer lo sucedido, ¿por qué se coaccionó al personal de la manera en que se lo hizo para que no comentase los extraños episodios en el centro materno?
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Si el gobernador se enojó en privado por el ocultamiento de la información, ¿por qué no removió a los responsables de Salud?
El siguiente paso también es harto conocido. En vez de asumir responsabilidades, declararse como víctimas.
Lo dio cuando el propio gobierno de Schiaretti le pidió al fiscal Raúl Garzón ser querellante en el caso. Querellante son las víctimas de un hecho.
Y la gestión provincial no es víctima de nada. O, en todo caso, es víctima de sí misma y de esos silencios trágicos.
