Primero nos enteramos de que un intendente y un diputado santacruceños y algunos familiares allegados suyos, ya se habían vacunado.
Después se conocieron los casos de dosis aplicadas a empleados municipales y militantes K de pequeñas localidades bonaerenses. Jóvenes sin ninguna patología previa que exhibían el momento del pinchazo sonrientes, haciendo la V de la victoria, que en nuestro país identifica a los simpatizantes del oficialismo.
El problema de la gente que lograba la inmunidad al coronavirus, salteando etapas del cronograma oficial de vacunación, merodeaba los bordes del debate público. Hasta que el periodista Horacio Verbitsky detalló su experiencia en el vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud de la Nación.
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Esa anécdota radial, sumada a la difusión de que otras celebrities ligadas al Frente de Todos, como Hugo Moyano o el diputado Eduardo Valdés y varios familiares del poder, ya habían recibido sus dosis, elevaron el asunto a la categoría de gran escándalo nacional.
No es para menos. La confianza pública en los responsables políticos de gestionar el muy lento plan de vacunación argentino queda brutalmente contaminada.
En Córdoba asoman los primeros indicios de colados allegados al poder. En Villa Santa Rosa inocularon a un concejal y a un periodista, con el argumento de que así evitaban que se echaran a perder dos dosis. Supuestamente, los destinatarios originales tuvieron inconvenientes para llegar a tiempo al vacunatorio.
Antes, el legislador radical Marcelo Cossar había advertido, sin aportar datos precisos, que circulaban versiones de vacunados VIP en nuestra provincia. En paralelo, el opositor presentó un proyecto para crear un registro público de vacunados. El oficialismo en la Legislatura Provincial lo mandó rápidamente al archivo. El argumento fue que una norma de ese tipo violaría la Ley de Datos Personales.
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Cossar vuelve hoy a la carga y asegura que conoce casos de legisladores y funcionarios, como el director del Museo Provincial de la Memoria, que accedieron a las vacunas sin cumplir con ninguno de los criterios fijados hasta ahora.
Por lo que se conoce hasta el momento, está claro que un registro de ese tipo, con información abierta a la ciudadanía, resultaría muy saludable. No sólo en Córdoba, sino a nivel nacional. Una necesaria dosis de transparencia para restaurar la confianza en el plan de vacunación.
