Es el subsidio estrella de la cuarentena argentina. Muy similar a aportes de emergencia implementados en otros países de la región para mitigar el impacto en la actividad de mucha gente por la restricciones que impuso la pandemia. Y, naturalmente, mucho más modesto que la ayuda que pueden brindar economías más desarrolladas.
Fiel a la tradición de ineficacia y derroche que distinguen al Estado en nuestro país, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) recarga las cuentas de millones de personas que, según los parámetros que había diseñado el propio Gobierno nacional al concebir el subsidio, no deberían cobrarlo.
Esta falla estructural la advirtió el fin de semana pasado la consultora IDESA. La clave es la adulteración de un dato sobre su hogar que cada beneficiario aportaba al momento de solicitar el IFE. Pese a que el trámite tenía el carácter de declaración jurada, casi 3 millones de personas, sobre todo jóvenes que viven con sus padres, falsearon esa información.
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La falla salta a la vista al repasar la cantidad de "hogares unipersonales" que existen en la Argentina, y la cantidad de beneficiarios del IFE que dicen habitar en un hogar de esa categoría. Según el Indec, la población de entre 18 y 24 años que vive sola, es decir, que conforma un hogar unipersonal es, entre la población urbana a nivel nacional, de 118 mil personas. Pero la Anses informó que pagó este subsidio a más de 1.6 millones de personas de esa franja de edad que aseguran no compartir la casa con nadie más. La cantidad de bonos pagados a jóvenes que dijeron vivir en un hogar unipersonal multiplica 14 veces la cantidad de hogares de ese tipo que realmente existen.
Son jóvenes que sí cumplen con los demás requisitos (empleados informales, monotributistas de las categorías más bajas o empleadas de casas de familia) pero que no deberían recibir el IFE porque en su hogar alguien más lo está recibiendo, o la situación del grupo familiar en lo que respecta a sus ingresos o a su patrimonio no los haría aptos para este subsidio. Pero bastó que declararan que vivían solos para que el Estado les depositara tres veces el bono de 10 mil pesos.
Para corregir esa falla, el Gobierno nacional resolvió esta semana que cuando el domicilio declarado ante la Anses por los jóvenes de menos de 25 años coincida con el registrado por sus padres ante el mismo organismo, se los considerará parte un mismo grupo familiar. Así, automáticamente, se caerían millones de IFEs que se vinieron pagando indebidamente.
En la misma resolución, el Gobierno definió esta semana que tampoco pueden recibir este subsidio los presos, cosa que, aunque parezca un chiste de mal gusto, ha venido ocurriendo. El fondo se lanzó para encarar la emergencia desatada por la paralización de numerosas actividades económicas. Es inexplicable entonces que se le haya terminado pagando a tantos habitantes de las cárceles.
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Quedaron abiertas además, las dudas por el otorgamiento del beneficio a funcionarios de distintos ámbitos. Ninguna autoridad sintió la necesidad de explicar por qué recibieron el IFE tantos funcionarios que no parecen estar en una situación de vulnerabilidad.
Y el propio presidente dio a entender que considera que la plata no está yendo en todos los casos a quienes realmente la necesitan. Esta semana, en declaraciones radiales planteó: "Mucha gente que recibe el IFE lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso". Con esa dudosa lógica sugirió que evalúan restringir las compras de hasta US$ 200 por mes habilitadas a los ahorristas . Se anticipa así, el fin del dólar "solidario". Y entre las razones se menciona al excedente de dinero que estaría provocando para ciertos beneficiarios el subsidio estrella de la, según el discurso presidencial, inexistente cuarentena.
