La Legislatura de Córdoba aprobó en la última sesión del año el pliego de designación de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Del mismo modo se confirmó el nombramiento de Alejandro Pérez Moreno como fiscal General Adjunto.
Pese al rechazo de los bloques opositores, Hacemos Unidos por Córdoba contaba con el apoyo de aliados para aprobar la incorporación de la abogada Valentini, de origen radical, al máximo tribunal de Justicia. Con 68 legisladores presentes, la propuesta se aprobó con 36 votos afirmativos, 27 negativos y cinco abstenciones.
El gobernador Martín Llaryora había presentado el pasado 1 de diciembre el pliego de nombramiento de Valentini, quien hasta ahora ocupaba la Oficialía Mayor de la Municipalidad de Córdoba y además se desempeñó como defensora adjunta en la Defensoría del Pueblo.
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Desde el Ejecutivo justificaron su postulación para sostener la paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia ante la vacante que dejó Mercedes Blanc de Arabel, quien renunció a su cargo el pasado 1 de febrero.
Además de las aprobaciones para Valentini y Pérez Moreno en sus respectivas funciones, el pleno legislativo prestó acuerdo para los abogados que postuló el gobernador en distintos cargos del Ministerio Público de la Defensa:
- Pablo Alfredo Bustos Fierro: defensor General
- Pablo Damián Pupich y Néstor Alejandro Gómez: defensores adjuntos
- Guadalupe García Petrini: defensora adjunta en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y género.
Es ley Ficha Limpia
En una maratónica sesión que comenzó pasado el mediodía, se convirtió en ley el proyecto de Ficha Limpia que prevé impedir la candidatura a cargos electivos provinciales de personas que tengan condena en segunda instancia.
La nueva normativa, que tuvo un amplio consenso, establece el alcance de la medida para delitos dolosos con pena privativa de la libertad y se amplía hasta alcanzar a candidatos partidarios y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sobre la inhabilitación para cargos públicos y electivos “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.
El texto aprobado compatibiliza tres iniciativas presentadas por la legisladora radical Brenda Austin (UCR) y las oficialistas Victoria Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino.