El Gobierno nacional, a través de los abogados del Estado, presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para impugnar la decisión judicial que restringió la capacidad del juez Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto, para firmar fallos en el alto tribunal durante tres meses.
El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, fue quien formalizó la presentación ante la Corte, al solicitar que el máximo tribunal suspenda los efectos de la resolución y reafirme la validez del Decreto N° 137/25, por medio del cual se nombró a García-Mansilla en el cargo.
Además, pidió que el recurso extraordinario interpuesto sea considerado con carácter urgente, dado el impacto que la prohibición podría tener en el funcionamiento del tribunal.
El objetivo principal de este recurso es anular la resolución que dictó el Ramos Padilla, que ordenó la restricción sobre el juez propuesto para integrar la corte, tras no ser aprobado por el Senado.
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En su defensa, el Gobierno argumentó que la designación en comisión de los jueces de la Corte es completamente constitucional.
Mientras tanto, en el ámbito judicial se especula sobre una posible renuncia de García-Mansilla, aunque desde la propia Corte se destacó que cualquier decisión sobre su continuidad en el cargo dependería exclusivamente de su voluntad personal.
