El Gobierno nacional dio a conocer lineamientos de su política sanitaria entre los que apunta a alimentos que pueden causar enfermedades crónicas. Además ratificó la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otra parte las autoridades pusieron en la mira el funcionamiento de organismos nacionales y prevén profundizar la revisión de las autorizaciones rápidas que se otorgan a medicamentos de alto costo.
Los anuncios se efectuaron en el marco de la visita secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Desde el ministerio que conduce Mario Lugones resaltaron que las medidas “reafirman el rumbo sanitario adoptado por el país de pasar de un modelo sanitario centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica”.
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Uno de los puntos pone el foco en una “alimentación más segura y transparente”. En este sentido cuestiona “el rol de ciertos ingredientes utilizados por la industria alimentaria y su posible vínculo con el aumento de enfermedades crónicas”.
El Ministerio de Salud indicó que la disposición está destinada a “revisar y restringir el uso de aditivos sintéticos potencialmente riesgosos en productos alimentarios”. Si bien no hubo mayores precisiones, fuentes oficiales explicaron a Clarín que apunta a ultraprocesados.
Por otro lado se pondrá bajo revisión el uso de autorizaciones rápidas para medicamentos de altísimo costo, especialmente aquellos destinados a niños y enfermedades poco frecuentes.
“La innovación no puede justificar decisiones apresuradas sin evidencia sólida. Se abrirá una discusión técnica sobre los criterios de aprobación, priorizando la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema, para que los nuevos tratamientos no se transformen en improvisación autorizada”, recalcaron.
Además advirtieron que harán hincapié en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, “con el objetivo de garantizar que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos”.
“Se impulsará que las vacunas sean sometidas a estudios clínicos con grupo placebo como estándar mínimo, tal como se exige a otros productos médicos. Un ejemplo claro de esta necesidad es la vacuna contra el COVID-19, aplicada sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales. Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos. Este enfoque busca elevar el rigor del proceso y reforzar la confianza pública a partir de datos comparables, accesibles y verificables”, señalaron en el documento.
Y aclararon que “al mismo tiempo se mantienen y fortalecen las campañas de vacunación seguras como la del sarampión, con eficacia comprobada y consenso internacional”.