La polémica desatada con el pase retiro y jubilación millonaria del exjefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, va sumando aristas.
Una de ellas alude a que el Gobierno provincial toma diferentes criterios cuando hay altos jefes policiales investigados en la Justicia por delitos.
En algunos casos, se les pone en situación pasiva y cobran el 30 por ciento de su salario y en otros, se los da de baja para que perciban completa su jubilación.
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Tal fue el caso de Ochoa Roldán, que cobra unos 4 millones de pesos porque el régimen previsional de la Policía establece que se jubilan con el último cargo y no un promedio de las remuneraciones de los últimos años, como el resto de los jubilados.
A Ochoa, vale recordar, lo ascendieron a comisario general días antes de que se destape el escándalo y quede detenido. “Hubo una decisión política, más allá de que sea absolutamente legal, de privilegiar a alguien”, analizó Roberto Battaglino en Arriba Córdoba. Video:
En el pasado, hubo casos de jefes policiales, como Rafael Sosa -extitular de la división Narcotráfico de la Policía- que sigue desde hace años en pasiva a la espera que quede firme su condena y se resuelva su situación.
En el caso Ochoa, el Tribunal de Conducta de la Policía lo pasó a situación pasiva, pero el Ministerio de Seguridad decidió darlo de baja. Quinteros argumentó que al tratarse de un oficial de muy alto rango debían darlo de baja de manera inmediata.
Los delitos que le imputan a Ochoa Roldán
- Coacción
- Extorsión
- Asociación ilícita (como Jefe)
- Peculado de servicios
- Enriquecimiento ilícito (cuatro hechos)
- Encubrimiento por omisión de denuncia (tres hechos)