En el marco de una revisión masiva, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que, según informaron, habían sido otorgadas de forma irregular en gestiones anteriores. También se dieron de baja 8.107 beneficios correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de titulares que renunciaron.
“El objetivo es que estas pensiones estén otorgadas solo a quienes realmente las necesitan”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la medida. Según precisó, el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar la documentación exigida. Entre las irregularidades detectadas se encontraron estudios médicos idénticos presentados en múltiples solicitudes. “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”, dijo.
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Adorni recordó que no es la primera vez que se descubren maniobras de este tipo. “En el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, explicó. Para el Gobierno, este proceso de depuración busca “recuperar la transparencia” y asegurar que los recursos lleguen a quienes cumplen con las condiciones establecidas por la ley.
Las bajas, sostuvo el vocero, representan un “ahorro” de 35 mil millones de pesos mensuales para el Estado. “Este mecanismo no es novedoso, pero ahora lo estamos aplicando con más profundidad”, aseguró.
