Detenido desde enero en la cárcel de Bouwer, Guillermo Kraisman quedó a un paso del juicio por haber querido cobrar plata con un DNI falso, el cual pertenecía a la conocida “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba.
El dirigente peronista se encuentra imputado de tentativa de defraudación contra la administración pública. El fiscal en lo Penal Económico de Segunda Nominación, Franco Mondino, finalizó la investigación y requirió que sea juzgado.
En la misma resolución también se citó a juicio a Luciana Castro, empleada municipal que fue detenida junto a Kraisman, y a Virginia Martínez, identificada como la “empleada fantasma”, imputada por falso testimonio agravado.
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Kraisman, de 61 años, fue arrestado el 16 de enero cuando intentaba cobrar un millón de pesos en una sucursal del Banco de Córdoba en barrio General Paz, utilizando el DNI de Martínez. Según la investigación, la mujer figuraba como empleada legislativa pero no cumplía funciones.
La maniobra fue descubierta en el acto y derivó en la detención de Castro, que coordinaba un polideportivo social, y del propio dirigente, con antecedentes de escándalos mediáticos y judiciales.
En el transcurso de la causa, Kraisman llegó a solicitar declarar como “arrepentido”, aunque finalmente desistió. Ahora, con la elevación a juicio, enfrentará el proceso judicial por tentativa de defraudación calificada, en un caso que mezcla maniobras fraudulentas, vínculos políticos y el escándalo por la contratación de personal “fantasma” en la Unicameral.
Antes del escándalo por el episodio en la entidad bancaria de barrio General Paz, el dirigente había protagonizado otro hecho delictivo por robo de fiambres en un supermercado cordobés.
