En una jornada marcada por cortes de tránsito, vallados y tensión en la Costanera Norte, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves la ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones de viajes como Uber, DiDi y Cabify en la ciudad.
La iniciativa obtuvo 28 votos a favor, 2 en contra y una abstención, tras un debate atravesado por la presión de los gremios del sector y con fuerte presencia policial para evitar incidentes. Los rechazos fueron de los concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Vázquez, mientras que Laura Vilches (FIT) se abstuvo.
La norma establece que las empresas deberán registrarse en un sistema digital municipal junto con sus vehículos y conductores, y contar con pólizas de seguro acordes a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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Los autos deberán tener motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos, aire acondicionado, baúl para dos valijas medianas, y no superar los 10 años de antigüedad. Los conductores, en tanto, deberán poseer licencia de conducir categoría D1, seguro de accidentes personales o ART, certificado de antecedentes penales y no figurar en el registro de condenados por delitos sexuales.
Uno de los cambios clave en el texto final fue la eliminación del límite fijo de licencias para operar: será el Departamento Ejecutivo quien podrá establecer, de manera excepcional, un cupo de vehículos autorizados. También se fija un “valor mínimo obligatorio” para las tarifas, que no podrá ser inferior al precio del boleto del transporte urbano, y se permite un esquema de valor dinámico siempre que se informe antes del inicio del viaje. Taxis y remises que cumplan con los requisitos podrán incorporarse a las apps sin estar sujetos a cupo.
Tensión en la calle
Afuera del recinto, la movilización de cientos de taxistas y remiseros incluyó cortes en los puentes Alvear y Maipú, empujones e insultos en los vallados y reclamos por “equidad” frente a lo que consideran competencia desleal. “Es una situación límite, no queremos que se quiebre la paz social, pero debemos ser respetados”, expresó uno de los choferes a Noticiero Doce.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para equilibrar intereses de usuarios y prestadores, siguiendo los lineamientos del Tribunal Superior de Justicia y buscando cerrar una etapa de años de judicialización iniciada en 2018, cuando el marco vigente prohibía de hecho el funcionamiento de las plataformas digitales.
