La Justicia Federal resolvió este lunes el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, que según advirtió el Gobierno fueron grabados dentro de la Casa Rosada y que se viralizaron en los últimos días. La medida fue adoptada por el juez Alejandro Patricio Maraniello a partir de una presentación realizada por el Ejecutivo.
En el fallo el magistrado señaló que corresponde “admitir la protección cautelar requerida” y dispuso que se prohíba difundir el material “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
+ MIRÁ MÁS: El dólar oficial arrancó septiembre en alza: a cuánto cotiza este lunes
La resolución judicial que publicó el vocero presidencial Manuel Adorni remarca que el caso no se encuadra en una cuestión de libertad de expresión, sino en una grave violación a la privacidad institucional por haberse realizado grabaciones dentro de la Casa de Gobierno.
La decisión judicial llega después de que el Ejecutivo denunciara una “operación de inteligencia ilegal” tras la aparición de grabaciones con la voz de la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, sostuvo Adorni al anunciar la presentación judicial.
Los audios se conocieron el viernes, en medio de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones, Karina Milei habla de la dinámica de trabajo dentro de Casa Rosada, aunque sin referencias directas al escándalo por las contrataciones en la agencia.
El propio Adorni había advertido que, de confirmarse su autenticidad, “sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. Y acusó que la difusión del material, a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, busca “desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.
Denuncia del Gobierno
Luego de denunciar que se trató de una “operación de inteligencia ilegal”, desde el Gobierno aseguraron que “la maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados” de Karina Milei y otros funcionarios.
“No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, agregó el comunicado de la vocería presidencial. “El objetivo fue generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas”, agregó el mensaje.
Además señalaron que “entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino".
“El hecho es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”, manifestaron. “Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, indicaron.