La causa por el fentanilo contaminado —que ya provocó al menos 96 muertes y mantiene en alerta al sistema sanitario— dio un giro decisivo. Tras la detención de directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, la investigación avanzó sobre los entes estatales encargados del control de medicamentos.
El juez federal Ernesto Kreplak, que encabeza la causa, ordenó siete allanamientos simultáneos en sedes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
El objetivo es determinar si existieron negligencias, omisiones o irregularidades por parte de funcionarios encargados de garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos.
Durante los procedimientos, fue secuestrado el teléfono celular de Nélida Agustina Bisio, actual titular de la Anmat, una medida que apunta a esclarecer si hubo responsabilidad directa o indirecta de las autoridades en la cadena de supervisión que permitió la distribución del fentanilo adulterado.
Además de la vivienda de Nélida Agustina Bisio, allanan los domicilios de la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumado. En la ANMAT buscan acreditar reuniones con Ariel García Furfaro, el propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
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La hipótesis que ahora analiza la Justicia es que las fallas no se limitaron al accionar de las empresas, sino que también habrían alcanzado a los organismos del Estado responsables de fiscalizar y autorizar la producción y comercialización del medicamento.
Se investigan posibles omisiones en los controles, falta de inspecciones o incluso habilitaciones irregulares de los lotes contaminados.
Con estas nuevas medidas, el caso ingresa en una etapa clave: reconstruir la cadena de responsabilidades institucionales detrás de una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.
