El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó la ejecución patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados en la causa Vialidad.
La decisión llega luego de que la Cámara Federal de Casación Penal habilitara esta instancia para avanzar sobre los bienes embargados y cubrir una cifra de 685.000 millones de pesos, monto que la Justicia fijó como resultado de la maniobra fraudulenta.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió que se proceda al decomiso para que los nueve condenados respondan de manera solidaria hasta completar exactamente $684.990.350.139,86.
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Los bienes alcanzados por el decomiso
La medida implica la pérdida de un amplio conjunto de propiedades. En el caso de la familia Kirchner, la ex presidenta perderá 20 inmuebles: uno registrado a su nombre y otros 19 heredados en partes iguales por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Para Lázaro Báez, el impacto es aún mayor: el empresario deberá entregar más de 80 propiedades, incluidos inmuebles pertenecientes a las empresas que habrían sido utilizadas en la maniobra de corrupción vinculada a las 51 licitaciones viales investigadas
Una consecuencia de la condena firme
Los jueces señalaron que el decomiso es una consecuencia inmediata de la condena por corrupción, que quedó firme en junio de este año tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Además, en el fallo dejaron asentado que la ejecución tendrá en cuenta las distintas particularidades de cada caso: “Es oportuno dejar expresamente asentado que la decisión que aquí se adopta contempla y atiende las diferencias sustanciales entre los distintos supuestos que se presentan al momento de llevarse a cabo la ejecución del decomiso dispuesto al concluir este proceso”.
