El juicio contra la cúpula histórica del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba entró esta semana en una instancia decisiva. En una audiencia clave, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega solicitó 10 años de prisión para el exsecretario general Gabriel Suárez y nueve años y medio para el actual titular, Jorge Molina Herrera, ambos acusados de liderar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos sindicales, estafar a la institución y lavar activos entre 2011 y 2019.
De acuerdo con la investigación, durante casi una década la organización habría montado un esquema sistemático para apropiarse de dinero del fondo compensador de jubilados, del fondo prestacional de salud y de otras cuentas del gremio, con millones de pesos que nunca llegaron a sus beneficiarios naturales.
La maniobra, según la fiscalía, afectó directamente a jubilados y pensionados cuyos haberes debían complementarse hasta alcanzar el 82% móvil, así como a afiliados que necesitaban prestaciones médicas.
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El pedido de penas también alcanzó a otros dirigentes y ex apoderados involucrados en la estructura. Para Daniel Edgardo Lozano se solicitaron 5 años y 6 meses; para Roque Daniel Tapia, 5 años; para Alexis Daniel Fidelbo y José Ramón Galván, ambos apoderados en distintos períodos, 5 años cada uno; y para Yanina Victoria Molina, hija del actual secretario general, 3 años.
La querellante Mabel Sessa, representante de afiliados, jubilados y pensionados, explicó que el presunto perjuicio se habría montado a través de un mecanismo que incluía libramiento irregular de cheques, sobrefacturación y triangulación de fondos. Según detalló, parte del dinero del fondo compensador fue derivado a otras áreas del sindicato, y un fondo de prestación de salud terminó siendo usado —de manera injustificada— para financiar actividades deportivas.
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Sessa también sostuvo que la causa incorpora elementos vinculados al lavado de activos, como las fichas de casino utilizadas por Molina Herrera. “Entre 2011 y 2015 jugó 13,5 millones en fichas. Ese dinero no se pudo justificar ni tampoco los bienes que poseen siendo trabajadores de EPEC”, señaló en Noticiero Doce.
La abogada añadió que el perjuicio económico es de dimensiones “incalculables” y que, antes del juicio oral, los acusados ofrecieron un resarcimiento superior a 198 millones de pesos para evitar llegar a esta instancia, propuesta que fue rechazada por el fiscal y el tribunal.
El expediente, que supera las 5 mil fojas, continuará ahora con los alegatos finales y mantiene la expectativa sobre la sentencia que deberá dictar el Tribunal Oral Federal.
