El juicio por la causa de los cuadernos de las coimas avanzó este jueves con la lectura de la acusación en la que Cristina Fernández de Kirchner fue señalada como el punto central del circuito de recaudación ilegal de dinero que, según la investigación, funcionó entre 2003 y 2015 dentro del Estado nacional.
Durante la quinta jornada de audiencia, la secretaria del Tribunal Oral Federal N°7 expuso que “se probó que además de haber sido la jefa de la asociación ilícita, recibió las coimas” y que, incluso, “resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”.
La acusación que impulsa la fiscal general Fabiana León advirtió un sistema de recaudación que habría estado estructurado desde “la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” y que seguía un recorrido claro: comenzaba en oficinas de empresas contratistas del Estado y terminaba en inmuebles utilizados por la exmandataria como “la quinta presidencial de Olivos, la Casa Rosada o el departamento de Juncal y Uruguay”.
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El último domicilio sería el que se usó para el acopio del dinero, según el expediente. En ese departamento, detallaron, el dinero era recibido por el entonces secretario privado Daniel Muñoz, generalmente trasladado por Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.
En uno de los pasajes más directos leídos en la audiencia, el Ministerio Público Fiscal afirmó: “Los eslabones convergen así en un solo punto. Roberto Baratta fue identificado como el comunicador y receptor inicial, Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina Fernández como la destinataria final de los fondos”.
La expresidenta sigue el juicio de manera virtual, conectada por Zoom junto a su abogado, mientras continúa insistiendo públicamente en que la causa es “una opereta judicial”. Sin embargo, la acusación que el tribunal repasa ante los 87 imputados es categórica: la ubica como jefa de la organización, coautora de más de 200 hechos de cohecho pasivo y responsable última del dinero ilegal recaudado por funcionarios y entregado por empresarios.
El juicio, que es transmitido en vivo durante todas sus etapas, tiene más de 600 testigos y se proyecta como uno de los procesos más extensos y complejos de la historia judicial argentina. La reanudación será el próximo martes.
