En una sesión cargada de tensiones, la Legislatura de Córdoba aprobó este jueves la ley que crea la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo cuya misión será el control y la supervisión de los lugares de detención en la provincia, incluidas cárceles y alcaidías.
La iniciativa fue presentada por la legisladora oficialista Nadia Fernández, presidenta de la Comisión de Seguridad, quien defendió el proyecto como una medida que contribuirá a fortalecer el sistema penitenciario conforme a estándares nacionales e internacionales.
El nuevo organismo, que actuará con autonomía funcional bajo la órbita del Poder Judicial, no interferirá con el rol del Ministerio Público Fiscal ni con otros mecanismos de control existentes, según indicó Fernández en su intervención.
Entre las principales funciones se encuentran la inspección y supervisión de los lugares de detención, la elaboración de recomendaciones y la solicitud de medidas urgentes frente a vulneraciones de derechos. Además, tendrá la responsabilidad de generar acciones constitucionales para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.
Dentro del recinto todo se cargó de tensión ya que la mayoría de los legisladores opositores decidió abandonar sus bancas cuando empezó a hablar Fernández. El único que permaneció en el recinto fue el libertario Agustín Spacessi, quien, con su presencia, garantizó el quórum necesario para que la votación avanzara.
Durante su discurso, la legisladora aclaró varios puntos que habían generado revuelo en la oposición. En primer lugar, confirmó que el procurador penitenciario no será vitalicio, sino que tendrá un mandato de cinco años con posibilidad de una sola reelección. También detalló que el Poder Ejecutivo provincial podrá designar hasta cuatro procuradores adjuntos y dos secretarios, pero subrayó que no habrá jubilaciones de privilegio asociadas a estos cargos.
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Pese a estos detalles, la ley fue cuestionada con fuerza por la oposición, que sostiene que la creación del ente representa una estructura millonaria sin mecanismos de control ciudadano adecuados. En particular, se señalaron los altos costos que implicará la puesta en marcha de la Procuración: los siete cargos del organismo percibirían entre 10 y 15 millones de pesos mensuales.
La oposición también apuntó que la ley no contemple un concurso público para acceder a los cargos, que además no requieren más que el título de abogado para acceder a ellos.
Además, los nuevos procuradores y secretarios tendrán salarios equiparados a los de los cargos más altos de la Justicia provincial, lo que se traduce en remuneraciones similares a las de un vocal del Tribunal Superior de Justicia (para el procurador), y el nivel de salario de un Defensor General del Ministerio Público (para los procuradores adjuntos).
Fuertes cuestionamientos
A la salida del recinto, la legisladora radical, Brenda Austin, se opuso enérgicamente a la propuesta aprobada en la Legislatura de Córdoba. Con Telenoche, afirmó: “Me parece una burla a los cordobeses, se hace de espaldas a la gente y con fines políticos”.
