Guillermo Kraisman volvió a quedar en el centro de la polémica. Ahora, el dirigente del peronismo cordobés ofreció pagar $2 millones y realizar tareas comunitarias para intentar suspender los juicios en su contra por dos causas resonantes: el escándalo de la “empleada fantasma” en la Legislatura y el robo de fiambres en un supermercado.
La propuesta fue presentada por su abogado y la última palabra la tiene el fiscal López Villagra, quien deberá definir si acepta el acuerdo.
Kraisman, de 61 años, recuperó la libertad en los primeros días de octubre, después de pasar varios meses detenido en la cárcel de Bouwer. Para salir, pagó una fianza de $20 millones y entregó un vehículo.
Ahora, busca frenar los procesos judiciales que lo tienen como imputado. En ambos expedientes, pidió la suspensión del juicio a cambio de dinero y trabajo comunitario.
Bondiola robada y agresión a policías
Uno de los hechos que lo llevaron a prisión ocurrió en septiembre de 2024. Según el parte policial, Kraisman fue detenido en el supermercado Mariano Max de avenida Vélez Sarsfield, en barrio Ampliación San Fernando.
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Intentó salir del local sin pagar varios productos: un blíster de bondiola, otro de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Cuando los guardias y la policía lo interceptaron, reaccionó con violencia y arrojó el frasco contra los agentes.
El escándalo de la “empleada fantasma” en la Legislatura
La otra causa que enfrenta Kraisman es por tentativa de defraudación contra la administración pública. El dirigente fue arrestado en enero, in fraganti, en un Banco de Córdoba de barrio General Paz, junto a Luciana Castro, empleada municipal.
Según la investigación, intentó cobrar dinero con un DNI falso a nombre de Virginia Martínez, la mujer que figura como “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba. Martínez, por su parte, fue acusada de falso testimonio agravado.
Durante el proceso, Kraisman llegó a pedir declarar como “arrepentido”, pero finalmente desistió.
