El gobernador Martín Llaryora se sumó al cruce con el juecismo por el freno a la licitación para la compra de drones destinados a la Policía de Córdoba. El mandatario reposteó el mensaje del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y apuntó contra la oposición por haber rechazado el proceso en el Tribunal de Cuentas.
“Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, escribió Llaryora en la red social X. “Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, en referencia al acercamiento del Frente Cívico con La Libertad Avanza de Javier Milei.
El senador Luis Juez también utilizó la red social para dar su respuesta. “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida“, escribió.
“Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados. Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”, completó.
La licitación para incorporar drones a la Policía quedó frenada luego de que la mayoría juecista en el Tribunal de Cuentas rechazara el expediente. El proyecto buscaba crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant) y había sido anunciado en mayo de 2025.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la decisión obstruye el avance de una herramienta clave para la seguridad, mientras que la oposición cuestiona la modalidad de contratación utilizada.
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Tras el rechazo, el ministro Quinteros salió al cruce con duras declaraciones. “Fingen ‘control’, quieren dejar indefensa a Córdoba”, expresó, y advirtió: “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”.
El funcionario remarcó que no se objetaron aspectos centrales del proceso. “No cuestionan el precio. No cuestionan el procedimiento. No cuestionan la idoneidad de las empresas. No cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba”, afirmó.
También sostuvo que la licitación fue frenada “sin un solo argumento jurídico” y que incluso las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas aconsejaron aprobar la inversión.
