La compra de 15 drones, capacitaciones y software para la Policía de Córdoba derivó en un fuerte cruce institucional entre el Gobierno provincial y el Tribunal de Cuentas, luego de que la mayoría juecista del organismo rechazara el expediente y frenara la licitación, valuada en 7 millones de dólares.
El proyecto, que apuntaba a crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant) y había sido anunciado en mayo de 2025, fue defendido este lunes en una conferencia de prensa por los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.
La defensa del Gobierno y las críticas al Tribunal
Durante la conferencia, Quinteros sostuvo que la compra era clave para el esquema de seguridad provincial y remarcó la transparencia del proceso. “Tenemos que gestionar en 165 mil km² para 4 millones de habitantes. Para nosotros es importante que esto quede claro”, afirmó. Además, rechazó que se haya tratado de una compra directa y explicó que fue una licitación pública, con doble sobre y más de 70 pasos administrativos.
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El ministro cuestionó el accionar del Tribunal y aseguró que el organismo excedió sus funciones. “Debe controlar la legalidad del gasto, no hablan de sobreprecios ni de trámites administrativos mal hechos. Todas las áreas previas aprobaron el expediente”, señaló, y agregó que la licitación fue “absolutamente transparente”, aunque solo se haya presentado una empresa.
En la misma línea, Siciliano apuntó directamente contra la oposición y consideró que se trata de una maniobra política. “Una cosa es controlar y otra es obstruir. Cuando te escondés en la mayoría del Tribunal de Cuentas para frenar una acción de Gobierno, estás jorobando a la gente”, afirmó. También repasó votaciones anteriores en las que, según dijo, la oposición se expresó en contra de distintas políticas públicas impulsadas por la Provincia.
La postura del Tribunal de Cuentas
Más temprano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Fernanda Leiva, explicó en Arriba Córdoba que el rechazo del expediente se basó en observaciones técnicas y legales. Señaló que las especificaciones de los drones estaban “hechas a medida para una empresa” y que el presupuesto incluía ítems sobredimensionados.
Entre los puntos cuestionados, mencionó la compra de software de reconocimiento facial y de patentes, que —según indicó— es de libre disponibilidad, además de cursos de capacitación con valores superiores a los del mercado y equipamiento que podría haberse adquirido a menor costo. “Estamos hablando de una compra de 7 millones de dólares. No es una cuestión política”, sostuvo.
El debate sigue abierto mientras la licitación permanece frenada y el tema suma tensión entre el Ejecutivo provincial y el organismo de control.
+ VIDEO: la palabra de la presidenta del Tribunal de Cuentas:
