El exdiputado nacional dejó el cargo que ocupaba en el organismo provincial. Su salida se da en medio de la investigación por una presunta defraudación millonaria contra la obra social de los jubilados.
La legisladora Karina Bruno presentó un proyecto en la Legislatura tras la imputación del vocal del Tribunal de Cuentas. Reclamó una decisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.
El bloque Hacemos Unidos por Córdoba solicitó datos a la Justicia Federal y al organismo revisor provincial. El exdiputado radical está investigado en una causa por presunta defraudación al Pami.
En plena discusión por el freno a la compra de drones, desde el oficialismo provincial reclamaron que “cumplan con los deberes” y mostraron una importante cifra como salario. El presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, dijo que el número es mucho menor.
La fiscalía requirió copias del expediente pero desde el organismo no entregaron la documentación solicitada. Desde el juecismo hablaron de “avasallamiento” y “apriete”.
La licitación por 7 millones de dólares quedó frenada tras el rechazo del organismo de control. Los ministros sostuvieron que el proceso estuvo bien hecho y denunciaron una maniobra política de la oposición.
El ministro de Seguridad cruzó a los tribunos del Frente Cívico que rechazaron la licitación para la incorporación del equipamiento. “Quieren dejar indefensa a Córdoba”, manifestó.
El organismo cuenta con 278 personas, según la lista que difundieron el fin de semana. “No son Kraisman... trabajan, los conozco desde años”, defendió Fernanda Leiva con Arriba Córdoba.
Silvina Rivero, miembro del Tribunal de Cuentas pero representante del PJ cordobés, apoyó el pedido de explicaciones por los valores de carne para residencias de niños en situaciones vulnerables.
Desde el órgano, bajo control opositor, niegan responsabilidad en la demora o falta de pago a proveedores. El Gobierno de Córdoba denuncia “palos en la rueda” que complican obras o campañas como la de prevención del dengue.