El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el accionar del Tribunal de Cuentas de la Provincia en el expediente que frenó la compra de drones destinados a tareas de seguridad.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y apunta a determinar si el órgano de control se excedió en sus funciones al observar el gasto y negar el visado del expediente administrativo vinculado a la adquisición de tecnología.
Según el comunicado de la Provincia, la denuncia busca que se investigue si la resolución del Tribunal de Cuentas se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad. O si, por el contrario, se apoyó en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, aspectos que no forman parte de su competencia.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que ese tipo de consideraciones implican una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo, lo que afectaría el principio de división de poderes y el marco legal que regula la actuación del órgano de control externo.
“Todo tiene un límite”
Quinteros sostuvo que, por la gravedad institucional del caso y ante una posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, correspondía acudir a la Justicia para que se analice la legalidad de lo actuado.
“Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra”, expresó el ministro.
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En ese sentido, afirmó que el accionar denunciado tendría dos objetivos concretos: “Obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante”.
Quinteros también cuestionó las expresiones utilizadas en torno al expediente y remarcó: “Expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Que quede claro: todo tiene un límite”.
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