La causa por corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba dio un paso clave con la elevación a juicio contra la ex cúpula del organismo, encabezada por Juan María Bouvier, quien permanece detenido desde diciembre de 2023. Así lo resolvió este jueves el fiscal Enrique Gavier.
La investigación apunta a un presunto esquema delictivo que funcionaba dentro de las cárceles provinciales, con participación de altos mandos, a quienes se les atribuye haber conformado una asociación ilícita y haber llevado adelante maniobras de extorsión.
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Entre los principales acusados se encuentra Juan María Bouvier, señalado como coautor de asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, además de coautor de extorsión. Junto a él, también fueron citados a juicio otros ex funcionarios del Servicio Penitenciario.
Entre ellos figuran Silvia Guadalupe Barbero, imputada como miembro de la asociación ilícita y coautora de extorsión; Víctor Hugo Vivas y Darío José Tello Pajón, ambos acusados como jefes dentro de la organización, este último también por extorsión reiterada en grado de tentativa.
La lista se completa con Diego Martín Ayala, Héctor Hugo Robledo, Cristian Alejandro Ramón Namur, Marcelo Ricardo Chávez, Ramón Alberto Sayavedra, José Gustavo Heredia, Sergio Alejandro Guzmán, Edgar Ezequiel Arroyo, Andrés Américo Aciar y Néstor David Gómez, todos imputados por su participación en la presunta estructura delictiva con distintos niveles de responsabilidad.
Un entramado de delitos dentro de las cárceles
La causa se originó a partir de una investigación que detectó un funcionamiento irregular dentro del sistema penitenciario, donde, según la acusación, “todo tenía un precio”. De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, los implicados habrían permitido o facilitado delitos a cambio de dinero.
Entre las maniobras investigadas se encuentran la liberación de zonas para estafas desde las cárceles, el ingreso de celulares, la extorsión a terceros, traslados de internos pagos y la emisión de informes de conducta y certificados falsos.
El fiscal Gavier sostuvo que, por la magnitud de los hechos, no era posible que este esquema funcionara sin la participación de las máximas autoridades del organismo. La investigación también dejó abierta la posibilidad de que existan más responsables y que algunas de estas prácticas se hayan sostenido en el tiempo.
Con la elevación a juicio, el caso avanza hacia una nueva etapa en la que se buscará determinar las responsabilidades penales de los acusados en uno de los mayores escándalos recientes dentro del sistema penitenciario cordobés.
