La discusión por la prohibición de los llamados naranjitas y limpiavidrios en la provincia de Córdoba tomó el centro de la escena a partir del mensaje del gobernador Martín Llaryora en sus redes, quien expresó que impulsará una ley para que no ocupen el espacio público y que le dejará la potestad a la municipalidades. Hoy sumó un nuevo capítulo con un contundente pronunciamiento de la Arquidiócesis de Córdoba, que cuestionó la medida y pidió un enfoque centrado en la inclusión social en un texto titulado “La Cultura del Descarte” .
La institución puso el foco en el rol de la economía popular como alternativa laboral para sectores excluidos. “Los trabajadores empobrecidos organizados desde la Economía Popular reglamentada. Desde la Economía Popular se han buscado las respuestas a las necesidades de trabajo, de dignificación de tareas y de organización para acercar algunos derechos a trabajos que estaban completamente fuera de cualquier amparo”, expresaron.
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En ese sentido, remarcaron que existen experiencias concretas que han demostrado resultados positivos, especialmente en el ordenamiento del cobro de estacionamiento. “Para las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública, las cooperativas han demostrado ser una respuesta a las problemáticas que se pueden generar de convivencia entre quienes realizan el trabajo y quienes reciben el servicio”, indicaron, al tiempo que destacaron mecanismos como tarifas fijas, distribución organizada de zonas y controles por parte de organismos nacionales y provinciales.
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El comunicado también advierte sobre las consecuencias de retroceder en estos esquemas. Citando al papa Francisco, señalaron que “estas construcciones generadas en torno a los gobiernos locales que incluyen a la organización cooperativa son experiencias positivas y una buena práctica de política pública a cuidar y potenciar, ya que de lo contrario, desconocer estos caminos recorridos, nos empujará como decía el Papa Francisco (2024), a que ‘si retrocede la Economía Popular, avanza la Economía Criminal’”.
Fortalecer la participación del Estado
A su vez, desde la Iglesia plantearon la necesidad de fortalecer el rol estatal en la regulación del espacio público. “Estamos convencidos que el Estado debe ser garante de los derechos de todos y regular el uso del espacio público”, afirmaron, y propusieron avanzar en una planificación que permita asignar zonas de estacionamiento a cooperativas o registros individuales, evitando conflictos y desorden.
Finalmente, el documento reconoce problemáticas complejas que atraviesan esta actividad, como la delincuencia, el consumo problemático y la salud mental, aunque subraya la importancia de no generalizar. “Sin embargo creemos que hay que diferenciar, tenemos que distinguir sin mezclar ni ‘meter todo en la misma bolsa’”, sostuvieron, al tiempo que reclamaron un abordaje integral con participación del Estado y la sociedad. “Anhelamos convivir en espacios de encuentro, donde todos tengamos lugar, donde cada uno pueda aportar y recibir algo. En definitiva, lograr una sociedad donde todos podamos crecer”.
