El femicidio de Agostina Vega abrió un fuerte debate político y judicial en Córdoba. Uno de los nombres que quedó bajo la lupa es el del fiscal Iván Rodríguez, quien en 2025 intervino en una causa contra Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad y dispuso su liberación tras 20 días preso.
Rodríguez había sido designado en diciembre pasado como procurador penitenciario por la Legislatura de Córdoba. Sin embargo, el crimen de la adolescente y el cuestionamiento a su actuación anterior pusieron en pausa su asunción.
La jura suspendida
Este viernes juraron los demás integrantes de la Procuración Penitenciaria, el nuevo organismo creado para ordenar y controlar el sistema carcelario de Córdoba. El único que no asumió fue Rodríguez.
La decisión se tomó en medio de la repercusión por el caso de Agostina y mientras avanza el planteo contra el fiscal. El objetivo, según explicaron desde el Gobierno provincial, es que la situación institucional quede “despejada” antes de una eventual incorporación.
En diálogo con Noticiero Doce, la secretaria general de Gestión Penitenciaria de la Provincia, Nadia Fernández, se refirió al caso. “Para apartar a un magistrado hay un instituto que se llama jury, de rango constitucional, y son ellos los que tienen que determinar si se admite y se procede”, sostuvo.
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“El poder político no lo cubre a Rodríguez, lo que está mal está mal”, afirmó la funcionaria. Además, remarcó que no corresponde al Gobierno resolver sobre la conducta del fiscal.
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Fernández también explicó por qué la jura quedó frenada. “Para asumir en una procuración de estas características, que es nueva y está naciendo, lo importante es que esté despejada una situación delicada como es un jury”, señaló.
El caso Agostina también salpicó al poder político porque Barrelier era empleado municipal y tenía vínculos con Ricardo Moreno. La investigación judicial por el femicidio continúa mientras se analizan responsabilidades y decisiones previas vinculadas al principal acusado.



