El juicio contra Oscar Félix González por la tragedia de Altas Cumbres entró este martes en su tramo final con el inicio de los alegatos en los tribunales de Villa Dolores.
La fiscal Analía Gallaratto mantuvo la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y pidió para el exlegislador una pena de 3 años y 10 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir.
Durante su exposición repasó los testimonios y la información reunida desde el comienzo de la investigación. Uno de los ejes centrales fue determinar cómo se produjo el choque del 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres.
Gallaratto destacó la conclusión del perito oficial de accidentología: “La causa del choque es la invasión contraria, antirreglamentaria, de la camioneta BMW al carril contrario. El choque fue frontal”.
La fiscal recordó que el camionero Carranza sostuvo tanto durante la instrucción como en el juicio que aproximadamente el 80% del Renault Sandero se encontraba sobre su carril. También retomó los testimonios de Alexa y Marina: “Como dijeron Alexa y Marina, se encontraron a la camioneta de frente”.
Gallaratto señaló además que algunos testigos afirmaron que la BMW “venía con exceso de velocidad”. Sin embargo, las pericias sobre el momento del impacto determinaron que ambos vehículos circulaban a velocidades similares y dentro de los parámetros permitidos.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, la maniobra de la camioneta fue determinante: “Sin esa maniobra invasiva al carril contrario no hubiera existido el resultado lesivo”.
Sobre el celular de González, indicó que se detectó tráfico de datos, aunque aclaró que “no hay comprobación de que haya estado manipulando el teléfono durante el viaje”. También señaló que las licencias de conducir de ambos conductores estaban vigentes.
Los atenuantes y agravantes
Al momento de fundamentar el pedido de pena, Gallaratto enumeró entre los atenuantes la ausencia de antecedentes penales computables de González y su conducta durante el proceso, ya que sostuvo que siempre estuvo a disposición.
Como agravantes consideró su edad y nivel de instrucción universitaria, al entender que debía tener un mayor conocimiento, además de la extensión del daño causado.
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También remarcó que conducía un vehículo oficial, circunstancia que, según planteó, implicaba un deber adicional de cuidado y prevención.
Tras el alegato de la Fiscalía continuarán las exposiciones de la querella y la defensa. Los abogados del Gobierno provincial también deberán responder al planteo civil.
Una vez finalizada esa etapa, la causa quedará en manos del juez Santiago Camogli, cuya resolución está prevista para octubre.
