El gobernador Martín Llaryora se sumó a los cuestionamientos por recortes para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno de Javier Milei.
A través de un mensaje publicado en X, el mandatario provincial fijó la postura de Córdoba y aseguró que no acompañará medidas que impliquen una reducción de recursos destinados al sector.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, expresó Llaryora.
El gobernador planteó que las políticas destinadas a las personas con discapacidad deben garantizar prestaciones, traslados y terapias. “No es beneficencia ni caridad”, sostuvo, y remarcó que esos servicios no pueden depender “de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
El pedido de Llaryora al Congreso
En su mensaje, Llaryora se dirigió también a los representantes cordobeses en el Congreso. “Les pedimos a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”, manifestó.
El gobernador aseguró que la Provincia continuará trabajando junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red vinculada a discapacidad.
Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que, según su postura, podría tener una menor participación del Gobierno nacional. “Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, afirmó.
Llaryora agregó que “las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco” y defendió la continuidad de medidas integrales para garantizar inclusión educativa, laboral y social.
El pronunciamiento del gobernador se conoció después de otras críticas surgidas desde el Gobierno provincial. Días atrás, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, también había cuestionado las modificaciones previstas en el proyecto y reclamado al Ejecutivo nacional que mantenga su responsabilidad sobre las políticas de discapacidad.
