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El Gobierno intimó al Reino Unido para que frene la actividad petrolera en Malvinas

El Presidente respaldó la decisión de iniciar un procedimiento de arbitraje por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

28 de septiembre 2026, 18:23hs
El Presidente respaldó la decisión de iniciar un procedimiento de arbitraje por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
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El presidente Javier Milei defendió este lunes la decisión del Gobierno argentino de avanzar con acciones contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde compartió el comunicado de la Oficina del Presidente bajo el título “Defendiendo los hechos”.

“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Además, advirtió: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

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El mandatario cerró su mensaje con una definición sobre el reclamo argentino: “Las Malvinas son argentina y se defienden con hechos, no palabras”. La publicación retomó los principales puntos de la comunicación oficial difundida por Presidencia.

El monte Tumbledown se levanta detrás de Stanley, en las islas Malvi nas.(Foto: AP - Ricardo Mazalan - Archivo)Por: AP Photo/Ricardo Mazalan

Según informó el Gobierno, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir la explotación de hidrocarburos que Argentina considera ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales de la Plataforma Continental.

El plazo de dos semanas y el planteo ante un tribunal

En el comunicado, la Casa Rosada recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También mencionó la Resolución 31/49, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

El Gobierno argentino sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en esos territorios y espacios marítimos es contraria al derecho internacional y afecta los derechos de soberanía reclamados por el país. En ese marco, informó que intimó formalmente al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas adopte medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas.

Si ese requerimiento no es cumplido, la administración de Milei anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que Argentina reclama sobre su Plataforma Continental.

El rechazo a la respuesta británica

El comunicado también expresó el “rechazo categórico” del Gobierno argentino a la respuesta del Reino Unido luego de la intervención de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La administración nacional cuestionó la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y volvió a objetar el referéndum realizado en 2013.

Según la posición expresada por la Casa Rosada, esos elementos no modifican la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas. El Gobierno ratificó que continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para sostener el reclamo argentino.

Por último, Presidencia informó que se detectaron operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica y, según el comunicado, sin autorización de las autoridades argentinas. Milei ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas vinculadas a esas operaciones.

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”, concluyó el comunicado oficial.

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