La declaración de Oscar González, por entonces jefe de gabinete del gobernador de la Sota en el juicio contra 56 policías que participaron del acuartelamiento los días 3 y 4 de diciembre de 2013, dejó flotando en el aire la idea de un plan pergeñado desde el gobierno nacional a cargo de CFK para intervenir Córdoba, usando como argumento el caos social que vivió la Capital esos días nefastos.
La negativa, según se encargó de remarcar González, para enviar fuerzas federales que contuvieran el desborde en las calles pese a los insistentes llamados de las autoridades a cargo del gobierno provincial, mientras De la Sota estaba de viaje en el exterior, motivó la intervención de oficio de la fiscal federal Nº 3 Graciela López de Filoñuk.
La funcionaria judicial (ahora jubilada) imputó a Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete, María Cecilia Rodríguez, ex ministra de seguridad y Sergio Berni, ex secretario de Seguridad , por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y solicitó su declaración indagatoria. Sin embargo el juez Vaca Narvaja se declaró incompetente y remitió las actuaciones a Comodoro Py. Después del clásico peloteo judicial con papeles que iban y venían sin rumbo, el juez Canicoba Corral (en uno de sus últimos actos antes de abandonar su despacho) entendíó que no había registros de aquellos intentos de comunicación con los funcionarios nacionales y así, sin más vueltas los sobreseyó y decidió archivar la causa.
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La instancia de la apelación giró el rumbo hacia el fiscal Carlos Stornelli quien alberga ahora alguna remota posibilidad de que aquel intento de Filoñuk por establecer responsabilidades prospere. Cabe aclarar que el delito imputado no prescribe por tratarse de funcionarios públicos que si bien se desempeñan en otros ámbitos siguen ostentando algún cargo.
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El expediente iniciado en Córdoba contempla las declaraciones de varios actores: además de Oscar Gónzalez , fueron citados Alejandra Monteoliva (secretaria de seguridad), César Almada y Carlos Galbucera (jefe y sub-jefes de policía), Alicia Pregno (vice- gobernadora) , el rabino Marcelo Polakoff y el Padre Pedro Torres.
En esa lista también estaba José Manuel De la Sota, quien justo un día antes del accidente que le costó la vida, acordó con la fiscalía número 3 hacerse presente en ese despacho el 2 de octubre. Según Filoñuk, De la Sota, que se encontraba en Buenos Aires grabando el programa “Puentes”, aceptó gustoso brindar su testimonio con la sola condición de hacerlo en un horario que evitara la prensa y los empleados judiciales.
La fecha quedó registrada en el almanaque de la ex fiscal, quien asegura que la información del ex gobernador hubiera sido valiosa para la causa, con la posibilidad de ampliar el número inicial de personas imputadas.
