El Gobierno nacional ratificó este viernes el reconocimiento de su responsabilidad en la violación de los derechos de las víctimas del atentado a la sede de la mutual judía AMIA en 1994. También admitió encubrimientos.
Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional (...) por la violación a los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la AMIA y sus familiares", dijo Natalia D'Alessandro, titular de la unidad especial del Ministerio de Justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El evento se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay. Según dijo la representante de la cartera de Justicia de la Nación, en "el peor ataque terrorista contra la sociedad argentina" el Estado "no tomó las medidas adecuadas de protección a pesar del riesgo".
"También es responsable por la violación de los derechos al acceso a la información (...) Quienes estaban a cargo del poder público en ese momento tomaron la decisión de encubrir la verdad", agregó.
Frente a los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcionarios argentinos pidieron perdón y realizaron una serie de reconocimientos trascendetales. “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso", afirmó D'Alessandro.
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La funcionaria también responsabilizó al Estado por la violación de los derechos de protección judicial y las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, y aseguró que “la Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces”.
Los miembros del Ministerio de Justicia recordaron que el atentado es un crimen contra la humanidad, por lo que los responsables del ataque y sus encubridores “no pueden escudarse en la prescripción”.
Tras las confesiones, la Corte Interamericana dictará una condena contra la Argentina en los próximos meses. Contemplará obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA. Esto incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS y que suman unos 700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.
