En medio del escándalo por los sindicalistas detenidos por casos de corrupción, el oficialismo intenta reactivar uno de los 11 proyectos presentados entre el 2014 y el 2016 ante la Comisión de Legislación de Trabajo para modificar la ley 23. 551, de asociaciones sindicales, vigente desde 1988.
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Uno de ellos fue elaborado por la diputada cordobesa Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical. Según ella, no tuvieron éxito debido a que la anterior composición del Congreso contaba con gran cantidad de legisladores kirchneristas de extracción gremial.
La iniciativa busca la democratización en la vida interna de los gremios, con limitación de la reelección indefinida de los sindicalistas y renovación y alternancia de las autoridades sindicales. El objetivo es "fortalecer al sindicalismo y no debilitarlo", señaló la ex intendente de Quilino.
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A las detenciones de Juan Pablo "Pata" Medina, Omar "Caballo" Suárez y Marcelo Balcedo, se sumó en las últimas horas una causa por presunto lavado de dinero de Víctor Santa María, líder del gremio de porteros (SUTERH).
"El sindicalismo debe castigar los hechos de corrupción", dijo la diputada oficialista. Para ella, las reelecciones indefinidas "generan crisis de representatividad, porque se mezclan los intereses personales con los de los trabajadores, y también de los patrimonios".
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Algunos de los dirigentes sindicales que más tiempo permanecen en su cargo son Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Omar Viviani (Taxistas), Armando Cavalieri (Comercio) y Hugo Moyano (Camioneros). En Córdoba se puede hablar de José Pihen (SEP) y de Rubén Daniele (Municipales de Córdoba), quien dejó hace días su lugar pero sigue ligado al gremio.
