El extenso juicio por el crimen de Valentino Blas Correas (17) cerró una etapa relacionada a la fatídica madrugada del 6 de agosto de 2020 pero quedan interrogantes por responder. Con la intención de aclarar esos enigmas, la Cámara Octava del Crimen solicitó nuevas investigaciones.
Este viernes se conocieron los fundamentos de la sentencia que condenó a perpetua a Lucas Gómez y Javier Alarcón como responsables del asesinato, y que fijó penas de hasta 4 años y 10 meses para los encubridores. En un documento de 2123 páginas, los jueces recriminaron la actuación de los uniformados y reconocieron que existió violencia institucional.
Además hicieron un fuerte llamado para revisar y controlar la formación de los efectivos policiales, en línea con fallos anteriores dictados por la misma Cámara Octava.
Las sospechas sobre Mosquera
Alfonso Mosquera era el ministro de Seguridad en el momento del hecho. Si bien el exfuncionario no fue apuntado de manera directa por maniobras delictivas en torno al crimen de Blas, se desprendió una causa sobre un auto prestado al excomisario Gonzalo Cumplido.
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El tribunal pidió que el exministro y actual legislador de Hacemos por Córdoba, junto con un exsubsecretario de su cartera, Lucas Mezzano, sean investigados por "posible abuso de autoridad y/o mlaversación de caudales públicos".
La solicitud se planteó "con relación a la entrega de un vehículo Toyota Corolla supuestamente perteneciente a un particular que se encontraba en la Casa de Gobierno de esta Provincia a Gonzalo Leonardo Cumplido, con posible abono de tickets de combustible y seguro del automotor con fondos provenientes, presumiblemente, del erario público".
Mosquera y Mezzano quedaron comprometidos a partir del testimonio de Cumplido en el juicio y las conversaciones analizadas en el celular del excomisario.
Para Cumplido, que en el momento del crimen era subdirector de Seguridad Capital Sur, también pusieron la mira pero sospechado de omisión de denuncia agravado por la calidad funcional. Consideran que pudo haber tenido conocimiento del arma plantada a Blas y los amigos luego de ser baleados en la avenida Vélez Sarsfield, frente al Complejo Pablo Pizzurno.
Como se anticipó en la sentencia dictada el 31 de marzo, también dispusieron la remisión de antecedentes para Liliana Zárate Belletti, la actual jefa de Policía que en agosto de 2020 dirigía la Dirección de Recursos Humanos de la fuerza. Pretenden conocer si ella o algún otro jefe cometieron irregularidades en la supervisión de la formación del personal a su cargo.
Por otra parte, ordenaron investigar posibles delitos por la falta de contención a las víctimas en la Jefatura de Policía y en Chacabuco y Corrientes, la esquina donde un grupo de uniformados frenó el Fiat Argo cuando Blas agonizaba. Allí murió el adolescente sin recibir asistencia médica.
Desprecio por la vida
De manera categórica, el tribunal afirmó que Gómez y Alarcón "demostraron un total desprecio por la vida humana". Remarcaron que "al momento de los hechos no estaban aptos para desarrollar una función como la de agentes policiales que deban portar armas de fuego".
Por las maniobras de encubrimiento posteriores al homicidio, la Cámara Octava del Crimen, con jurados populares, también condenó a la agente Wanda Esquivel a 3 años y 10 meses de cárcel; oficial Yamila Martínez a 4 años y 3 meses; cabo Leandro Quevedo a 4 años; oficial Ezequiel Vélez a 2 años y 6 meses; subcomisario Sergio González a 4 años y 10 meses; comisario inspector Walter Soria a 4 años y 9 meses; subcomisario Enzo Quiroga a 4 años y 8 meses; comisario inspector Jorge Galleguillo a 4 años y 8 meses; y comisario inspector Juan Gatica a 4 años.
Gómez y Alarcón
En la setentencia, los jueces mencionaron un plan con la intención de "silenciar absolutamente lo acontecido". En este sentido destacaron la confesión de Esquivel para "rearmar el rompecabezas".
Por otro lado advirtieron la "reunión encubridora" de la que participaron los efectivos que dispararon, sus duplas y algunos de sus jefes. "Es evidente que no se 'reunieron' a fiscalizar las tareas funcionales en el sitio de la balacera o por lo menos preservando ellos mismos la escena del delito", apuntaron.
Violencia institucional
Los jueces afirmaron que en este caso "existió una práctica estructurada de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a la fuerza policial". Y agregaron: "Más allá de las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados, existió también un accionar institucional que es configurativo de este particular tipo de violencia".
Foto: Lucio Casalla/El Doce.
Entre las advertencias mencionaron que todos eran funcionarios policiales utilizando recursos provistos por el Estado y el "destrato y maltrato que sufrieron tanto Valentino Blas Correas y sus familiares directos así como también el resto de las otras cuatro víctimas que iban a bordo del Fiat Argo".
"Son todas muestras más que elocuentes de la violencia institucional que acreditamos", subrayaron los magistrados en los fundamentos de un fallo histórico que exhortó al Gobierno provincial para que arbitre las medidas necesarias para erradicar estas prácticas.
