En la novena y última audiencia de alegatos, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola formularon el pedido de condena contra Cristina Kirchner en el juicio oral por la obra pública.
En primera instancia, solicitaron la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua para la vicepresidenta. Luego, Luciani hizo formal el pedido de 12 años de prisión para CFK.
Además la fiscalía solicitó la misma pena de cárcel para Lázaro Báez y diez años para Julio De Vido, José López y Nelson Periotti. A su vez, seis años para Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe
Cristina Kirchner nuevamente se ausentó y no se conectó vía Zoom. Pero en el inicio de la jornada, utilizó su cuenta de Twitter y sorprendió con un pedido y otro ataque a los fiscales. Reclamó declarar este martes 23 de agosto, antes de lo previsto, y denunció falta de pruebas y que hay “una abierta violación del principio de defensa en juicio”.
CFK está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que durante su gobierno y el de Néstor Kirchner (entre 2003 y 2015) habría direccionado contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. También es apuntada por fraude en perjuicio de la administración pública.
Cierre de alegatos
El fiscal Sergio Mola fue el primero en pronunciarse y avanzó sobre las responsabilidades de cada uno de los acusados. En esta oportunidad, detalló el rol de José López, exsecretario de Obras Públicas, en las maniobras investigadas en la causa Vialidad.
Remarcó que el protagonista del video de los bolsos llenos de dinero en el convento religioso “debía velar por los fondos en materia de obra pública”. Por eso afirmó que “incumplió con sus funciones al favorecer con estos pagos irregulares” a Báez.
También apuntó contra Abel Fatala, ex integrante del Ministerio de Planificación, e insistió en que tampoco cumplió con el “control de legalidad en el área que le correspondía, intentó desconocer sus funciones de ente de contralor”.
En ese sentido, sentenció: “A esta altura no es creíble que Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.
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Mola recordó que auditores internos de la Dirección Nacional de Vialidad en 2013 realizaron un informe sobre las deficiencias. Sin embargo, sostuvo que esas advertencias fueron desoídas porque “no les interesaba, no querían controlar”.
Finalmente tomó la palabra el fiscal Diego Luciani, quien se ocupó de analizar las responsabilidades sobre los fondos públicos. Hizo hincapié en el papel que protagonizaron Héctor Garro, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y Juan Villafañe, los presidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
Los tres están acusados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Habló de un circuito de irregularidades: “Fueron ellos quienes adjudicaron obras en procesos licitatorios direccionados, limitaron la correcta y sana concurrencia en las licitaciones”.
Al mismo tiempo, agregó que todos “impidieron la participación de los organismos de control, autorizaron obras con sobreprecios, avalaron falsos controles sobre las obras, certificaron que no se condecían con los trabajos realizados”.
Antes de conocerse el pedido de condena, Luciani reiteró que se trató de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. "La sentencia tiene que ser justa", exigió finalmente.
Cómo sigue el proceso
La expresidenta instruyó a sus abogados para ejercer el derecho a declarar nuevamente. Mientras se espera una definición, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de diez días hábiles. En ese tiempo se prevé que la defensa de Cristina Kirchner y los abogados de los otros doce imputados preparen sus exposiciones.
El cronograma indica que serán 13 jornadas en total (se les asignaron tres a cada uno como máximo). La defensa de Lázaro Báez iba a ser la primera en alegar. Sin embargo, la lista tuvo modificaciones y su turno llegará después de la vicepresidenta, quien será la sexta en exponer.
