En los días previos a las Paso, la Secretaría Electoral Nacional Distrito Córdoba había confirmado que el 39 por ciento de las autoridades de mesa presentaron su renuncia. Pero aclararon que fueron reemplazadas “inmediatamente”, ya que el padrón de voluntarios había crecido mucho en el último tiempo.
Sin embargo, en las primeras horas de los comicios del domingo 13 de agosto hubo demoras en la apertura de mesas debido al sorpresivo faltazo de sus autoridades. Ante esta situación, aquellos electores que madrugaron e incluso los fiscales partidarios debieron hacerse cargo.
Ante esta situación, confirmaron que sancionarán a quienes se ausentaron sin presentar una justificación previa. El secretario electoral Guillermo Fernández de la Secretaría Electoral Distrito Córdoba aclaró a ElDoce.tv que previamente realizarán una investigación, pero remarcó que “no va a haber una inacción”.
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Fernández explicó que este martes inicia el escrutinio definitivo de las Paso y que una vez cargadas las actas podrán conocer quiénes se desempeñaron como autoridades de mesa a partir de la firma: “Ahí generamos un padrón de quienes si se presentaron y se hará un cruzamiento entre las designadas y se determinará quiénes no fueron”.
Una vez establecido ese listado, el secretario electoral detalló que darán lugar al procurador fiscal y, en base a lo que solicite, harán lo correspondiente.
Cabe destacar que las autoridades de mesa que sí asisteron recibirán 10 mil pesos por su trabajo. El monto está conformado por una compensación de 7 mil pesos y 3 mil pesos por capacitación. Lo mismo sucederá con las elecciones generales de octubre. La compensación es menor a las asignadas en las elecciones provinciales y municipales de Córdoba, que eran de $21.600 y $28.500 respectivamente.
Qué dice la ley
El artículo 132 del Código Electoral Nacional establece la “no concurrencia o abandono de funciones electorales”. En ese caso, “se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas”.
Guillermo Fernández aclaró que, si bien “la ley dice que son penas privativas de la libertad, hay una exención de prisión”.
