La pulseada por el control del organismo que designa y remueve a los jueces federales ha derivado en un conflicto de poderes entre el oficialismo en el Senado y la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional de 1994 y comenzó a funcionar en 1997 con 20 integrantes, repartidos entre representantes del Congreso, jueces y abogados.
En 2005, la entonces senadora nacional y primera dama, Cristina Fernández, impulsó un significativo cambio y el Consejo pasó a tener 13 integrantes, de modo tal que la mayoría quedase para los representantes del poder político, con preeminencia para el oficialismo.
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Desde aquel entonces se hicieron planteos de inconstitucionalidad que la Corte Suprema resolvió recién hace algunas semanas. El máximo tribunal dispuso que se dicte una nueva ley o que se vuelva a la composición anterior antes del 15 de abril, es decir esta semana.
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En el Senado, el bloque K logró dar media sanción a una nueva ley con cambios cosméticos pero no hay consensos en Diputados para que se transforme en ley.
Por ende, no habrá ley antes que venza el plazo de la Corte y el lunes ya debería volver a la composición anterior del Consejo de la Magistratura, con 20 integrantes y presidido por un miembro de la Corte Suprema.
Ante esto, Juntos por el Cambio reclamó la designación de los dos integrantes que le corresponden para esa nueva integración.
Pero el juez federal de La Plata, Daniel Alonso, desconoció el fallo de la Corte y le prohibió al Congreso que designe esos representantes.
Y el senador kirchnerista Oscar Parrilli llamó también a no atender el fallo y que se espere para hacer los cambios en el organismo, en una pulseada que está relacionada con el control del proceso de designación y remoción de jueces en el contexto de la investigación de hechos de corrupción.
