Concejales de la oposición denunciaron "descontrolado gasto público" en la Municipalidad de Córdoba. Al escándalo por los 43 millones de pesos para el show de Ulises Bueno, sumaron otras inversiones millonarias.
El viceintendente Daniel Passerini, a cargo del Ejecutivo municipal por el viaje de Llaryora a Estados Unidos, justificó los gastos y apuntó contra la oposición en una rueda de prensa.
Passerini aseguró que las obras en la Municipalidad -que incluyeron 172 millones de pesos para renovar el Palacio y 60 millones para la remodelación del despacho del intendente Llaryora- se enmarcan en la puesta en valor de "un edificio histórico". "Todas las intervenciones que se están haciendo en ese lugar tienen que ver con una decisión que está autorizada, avalada, estudiada y se han hecho los pasos correspondientes", sostuvo.
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Y agregó: “Interpretar por una parte del lugar o por una opinión aislada del contexto, no me parece apropiado”. Insistió en que “cada decisión tiene un respaldo administrativo” y cuestionó a la oposición por hablar de “despilfarro del gasto público”.
“Hablar en ese término y esos tonos es centrar en las calificaciones políticas. Cada vez que la política se enreda en estas cuestiones, la que pierde es la gente”, sentenció.
En ese sentido, remarcó cómo recibieron la ciudad tras los ocho años de gestión de Ramón Mestre y defendió las políticas públicas del actual mandatario: “Nosotros administramos una ciudad que como todos saben estaba fundida, abandonada y hundida”. “Las inversiones que hacemos tienen un sentido de recuperar la ciudad. Queremos llevar a Córdoba al lugar que Córdoba necesita”, cerró Passerini.
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La denuncia de la oposición
Los concejales opositores al oficialismo difundieron un documento que acredita la aprobación de la remodelación de la oficina del intendente.
“Adjudíquese por contratación directa la obra ‘remodelación y puesta en valor despacho privado intendencia’ (…) por la suma de pesos sesenta millones quinientos setenta mil trescientos con cincuenta y nueve centavos (60.570.300,59 pesos) y autorizase al director de arquitectura a firmar el contrato de obra correspondiente”, se puede leer en la resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas.
Por esto y otros gastos, exigieron explicaciones a la administración municipal y aclararon que por ahora no irán a la Justicia. Alfredo Sapp, de la Unión Cívica Radical, cuestionó el mecanismo de contratación directa que se utilizó. Mientras que Juan Pablo Quinteros, de Encuentro Vecinal, manifestó que “hay un montón de circunstancias que no son claras”.