El exintendente Ramón Mestre y exfuncionarios de su gestión fueron denunciados penalmente por el ingreso de al menos 134 agentes municipales sin pasar por los requisitos legales exigidos para la incorporación de personal de planta a la Municipalidad de Córdoba.
La presentación ante el fuero Anticorrupción fue realizada por dos exfuncionarios de la administración de Mestre, que estuvieron a cargo de Recursos Humanos. Son Laura Sesma, que fue subsecretaria de Capacitación y Formación del municipio y concejala, y Santiago Vottero, que se desempeñó por director General de Selección y Concursos.
En marzo pasado, cuando Vottero dejó su cargo, ambos habían planteado que se estaban produciendo irregularidades en el ingreso del personal municipal sin pasar por la instancia del concurso prevista en la Carta Orgánica municipal y en las ordenanzas.
Ahora, llevaron su acusación a la Justicia en lo Penal, Económico Anticorrupción a cargo de Franco Mondino, flamante titular de la fiscalía 2 de ese fuero.
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Los denunciados son Mestre y el exsecretrario de Gobierno, Daniel Arzani, que había defendido en su momento las designaciones con el argumento que estaban supervisados por dos universidades, las cuales lo desmintieron respecto a su participación en ese proceso de selección de personal.
Para Sesma y Vottero está probado que ambos cometieron abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos porque “con mala fe y dolo, designaron para determinados puestos de trabajos a personas que no acreditaron idoneidad por no participar de los concursos”.
Además, indicaron que los concursos realizados fueron fraudulentos “con la intención dolosa de regularizar y dejar en planta permanente a las personas que hicieron ingresar ilegalmente antes del cambio de gobierno”.
Sesma, a su vez, abandonó en aquel momento la Junta de Control y Fiscalización del Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos (Infossep).
Sin universidades
La Carta Orgánica Municipal consagró en 1995 la obligación del ingreso por concurso pero recién fue reglamentada en 2012. A partir de allí, no sin polémica, se establecieron mecanismos para que se rindieran esos concursos, se confeccionara un orden de mérito y con ese se cubriesen las vacantes.
Los denunciantes sostienen que se fueron tergiversando las condiciones de los concursos. El control por parte de las universidades fue desapareciendo, primero la Nacional y luego la Siglo 21 y la Católica. Además, se alteraron requisitos estipulados para cada puesto como nivel educativo, edad, entre otros para adecuarlos a los que los funcionarios querían hacer ingresar.
Además, describen las modalidades para sortear la exigencia de los concursos, como por caso el ingreso de becarios que realizan la misma tarea que el personal de planta.
Sesma y Vottero incluyeron el listado de los 134 designados y, en algunos casos, mencionaron el lejano puesto que obtuvieron en los concursos pese a lo cual fueron nombrados.
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El exsecretario de Gobierno reconoció que no se tomaron en cuenta los órdenes de mérito de los concursos.
Arzani explicó que fue en determinadas áreas como servicios odontológicos o parques educativas, porque había necesidades de personal y no había órdenes de mérito o estaban vencidas.
Sostuvo que para el personal contratado no hay exigencia de concursos
Por la situación en Odontología, Sesma anticipó en Telenoche que denunciará también a Gabriel Acevedo, entonces responsable del área.