Este miércoles, por primera vez en el país se habilitó la etapa digital del Censo. Aunque la medida significaría el “ahorro del tiempo” que conlleva el tradicional Censo presencial, la solicitud del DNI a la hora de completar el formulario virtual generó una gran controversia y muchas posturas en contra.
Meses atrás, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marcos Lavagna, anticipó que se solicitarían este tipo de datos. Sin embargo, luego afirmaron que la medida no se aplicaría por la queja de varias organizaciones. Al final, ya con la etapa abierta, en la web oficial ocurrió lo contrario.
En diálogo con ElDoce.tv, Andrés Piazza, abogado especialista en seguridad y privacidad, habló sobre la habilitación del Censo y advirtió: “Informáticos y programadores constataron que no solo solicitan el DNI y mail, sino que además tienen un tracker, un dispositivo que tienen los navegadores, que continúa captando información de los usuarios”.
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En materia judicial, el letrado explicó que desde el gobierno pasado “la información y datos obtenidos de forma oficial tienen autorización de difundirse entre diferentes dependencias”. De allí la importancia de entender que por la vulnerabilidad de los programas, por la delicadeza de los datos que se exigen y por derecho, “no deberían pedirlo”.
Refiriéndose al accionar de otros países, el especialista destacó que las políticas censales suelen cuidar mucho la privacidad “ya que entienden el fácil acceso a filtraciones”. Por último, opinó sobre las autoridades a cargo del Censo, y dijo: “Creo que saben que quienes se dan cuenta de esto son minorías, entonces lo hacen sin pensarlo”.
Los datos como forma de discriminación
Por otro lado, Beatriz Busaniche, integrante de la ONG cordobesa Vía Libre, también se mostró en contra de la medida. “En Fundación Vía Libre tenemos una posición crítica a la estrategia que adoptó el Indec para el censo”, explicó a ElDoce.tv.
Bajo el hashtag #CensosinDNI, la activista comentó que, junto al equipo que trabaja, presentó un recurso de amparo en contra del pedido de datos personales. También definió la acción como “abusiva” en términos de protección de la información.
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Sobre algunas posturas que defendían la medida, Busaniche comentó: “Que muchas empresas privadas, incluso el Estado, tengan datos nuestros no justifica que se tome la medida de incluir el DNI”.
Dado que entre las categorías se piden datos como la orientación de género o el origen étnico, la mujer aseguró que la información puede utilizarse para discriminar y, que por el fin estadístico del Censo, pedir el documento “no tiene ningún fundamento”.
