En su primera semana como ministra de Economía, Silvina Batakis ya ha desatado polémica con sus declaraciones. Tras asegurar que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, fue cruzada por miembros de la oposición y prestadores de viajes.
Sin embargo, no son sólo los políticos y empresarios quienes quedaron preocupados con los dichos. En diálogo con Noticiero Doce, un hombre de Río Cuarto contó cómo las decisiones de la macroeconomía están dividiendo a su familia, y que el contexto llevó a una de sus hijas a emigrar.
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“Estamos en la despedida de nuestra hija, que se va a vivir a Berlín”, dijo desde el aeropuerto de Ing. Ambrosio Taravella. Y enfatizó: “Hace tres años que vive sola. Ella es docente y tiene dos trabajos, pero no le alcanza”.
Al ser consultados sobre los comentarios de Batakis, aseguró que lo que el Gobierno intenta es “destapar un pozo para tapar otro” en lugar de “buscar una solución a los problemas reales”. Y remarcó: “Este es el país de las no oportunidades”.
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Más repercusiones
El operador turístico Gustavo Beggiato también criticó la posibilidad de fortalecer el cepo, y puso en duda que puedan tener un verdadero impacto en la economía. “El turismo representa un 10 por ciento o menos de los dólares que se van”, indicó.
El empresario remarcó que el rubro “es una de las industrias que más empleo genera, porque mueve transporte, gastronomía y comercio”. Y aclaró que “si disminuye el flujo de turistas que salen, también va a caer el ingreso, porque los aviones no pueden salir vacíos y volver llenos”.
El diputado cordobés de Juntos por el Cambio, Gustavo Santos, sostuvo una postura similar. A través de su cuenta de Twitter señaló el impacto que tendría para la economía local si “los gobiernos de Brasil, Chile o Uruguay por ejemplo, impidieran a sus ciudadanos visitar Argentina”.
“Es ida y vuelta. Una actividad productiva extraordinaria que se sostiene y fundamenta en el ejercicio de la libertad”, remarcó el ex ministro de turismo.
Los diputados Mario Negri y Soher El Sukaria llevaron la crítica un paso más allá, al asegurar que “lo que colisiona con el derecho a trabajar es el modelo kirchnerista”.