Mientras la investigación judicial sobre lo sucedido con el brote de Covid-19 en el geriátrico de Saldán no había avanzado casi, el dueño de la residencia Santa Lucía vaticinó que la denuncia será desestimada.
El propietario del geriátrico, Rafael López Peña, dijo que el fiscal a cargo de la causa “es brillante”. Y agregó: “Yo estimo que el fiscal va a desestimar la denuncia”.
El detalle es que Rafael López Peña es el padre de Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior de Justicia.
El fiscal que investiga es Andrés Godoy, a cargo de una fiscalía especial creada recientemente y a la cual van casos que rebotan o no pueden abordar otras fiscalías.
De hecho en Tribunales, se la denomina como “un fuero Anticorrupción paralelo”.
Después de que esta información se conoció en Arriba Córdoba, el Ministerio Público Fiscal comunicó que se resolvieron las imputaciones de Marcelo Lazardo y Lucas Figueroa.
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Colaboradores de Godoy fueron denunciados, en su momento, por el gremio de Judiciales por no rendir concursos ni pasar por orden de mérito para ocupar esa fiscalía.
Su designación tuvo más que ver con acuerdos de las cúpulas judiciales para cubrir esa fiscalía especial.
La relación filial entre el dueño del geriátrico y el vocal del Tribunal Superior no invalida la actuación de ninguno de los dos ni constituye en sí misma objeción de cualquier naturaleza.
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