Empresas fantasma, gestiones y “partuzas”: el testimonio del arrepentido cordobés

Desde hace casi dos años Miguel Vera es imputado colaborador en la causa CBI, pero el acuerdo que alcanzó con el fiscal federal Enrique Senestrari, que le posibilitó alcanzar ese estatus, se conoció recién en las últimas semanas. 

En su declaración, efectuada en diciembre de 2016 después de haber pasado varios meses en la cárcel de Bouwer, aportó detalles que describirían con precisión el mecanismo empleado por destacados dirigentes del kirchnerismo para blanquear dinero proveniente de la corrupción.

Histórico militante justicialista, Vera manejó dos empresas fantasma que monetizaron cheques por más de 700 millones de pesos entre los años 2012 y 2013. Esas maniobras, que violaban todo tipo de normas bancarias y anti-lavado, derivarían en los próximos días en la citación a indagatoria de funcionarios del Banco Nación.

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Según la declaración de Vera, las operaciones de pesificación de cheques eran coordinadas por gente que respondía, desde el poder central, al exministro de Planificación Julio de Vido. 

El nexo en Córdoba habría sido la estructura del ex Intendente de Villa María, Eduardo Accastello. Por eso, el fiscal federal de Buenos Aires que investiga la causa Eninder, Ramiro González, pidió que le remitan una copia del testimonio del arrepentido. Su sospecha es que a través de esas maniobras se podría haber blanqueado plata destinada al organismo controlado por el villamariense. 

Miguel Vera aportó voluminosa información cuya veracidad fue, en principio, corroborada por los funcionarios judiciales que sellaron el acuerdo para otorgarle la condición de imputado colaborador.

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Según su relato, Vera participó de numerosas gestiones para conseguir fondos para financiar a "la tropa K " en Córdoba. Y menciona reuniones en oficinas del PAMI, el Ministerio de Planificación Federal y otros organismos públicos.

En esos recorridos dice haber acompañado a un estrecho colaborador de Accastello, el ex intendente de Laguna Larga Fernando Boldú. También ex funcionario del gobierno de De la Sota entre 2011 y 2013, Boldú es el titular de la caja de seguridad de CBI en la que se encontraron 290 mil dólares y en la que figuraba como persona autorizada para hacer movimientos el propio Eduardo Accastello.

El origen de esos fondos no declarados, que según Boldú eran fruto de una herencia, aún es materia de otra investigación judicial. A más de cuatro años del hallazgo, esa causa registró pocos avances, aunque la semana pasada se produjo una novedad importante: el Juez Federal Miguel Vaca Narvaja pidió al Concejo Deliberante de Villa María las declaraciones juradas de bienes de Accastello.

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Un párrafo especialmente curioso del testimonio del arrepentido es el de una supuesta reunión en oficinas de una dependencia del Banco Nación en Buenos Aires para pedir un puesto para una "novia" de Boldú.

Según su relato, la gestión tuvo éxito. Quien habría accedido a crear ese cargo en el ámbito de la entidad bancaria es un dirigente cordobés que formaba parte del círculo de confianza de Accastello: el actual Legislador Fernando Salvi, que llegó a su banca integrando la boleta del kirchnerismo, pero que se pasó al bloque del oficialismo provincial. 

El arrepentido declaró que tanto Boldú como Salvi habrían conocido a la beneficiaria de ese empleo y a sus amigas por compartir "partuzas", en palabras del arrepentido.

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A partir del mes que viene, Vera estará en el banquillo de los acusados en el juicio de la causa CBI. Su expectativa es que, gracias a todo lo que contó, reciba penas menos severas que el resto de los imputados.

Mientras tanto, la información que proporcionó amenaza con desencadenar imprevisibles consecuencias en expedientes que revisan diferentes actos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo.

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