Una asociación ilícita en el Servicio Penitenciario de Córdoba. Bajo ese marco, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó detener al histórico jefe Juan María Bouvier, que durante 15 años se desempeñó en el cargo. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Llaryora intervino el organismo y desplazó a la cúpula.
El fiscal Gavier explicó en Arriba Córdoba que “el reproche penal que se le formula y por el que se lo ha imputado es la de asociación ilícita, por haber formado parte de una asociación criminal”.
De acuerdo a lo que detalló, cometían y consentían delitos de diversa índole y “todo tenía un precio”. A su vez, sostuvo que los altos jefes involucrados habían formado una “suerte de mafia aprovechando sus cargos y prerrogativas personales” y estimó que "arrancó en 2015 y se ha ido consolidando y agravando con el paso del tiempo hasta llegar a la situación actual".
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Qué delitos se cometían a cambio de dinero
*Liberación de zonas para que reclusos estafen desde los distintos servicios penitenciarios de la provincia.
*Liberación de zonas para que reclusos puedan castigar a otros.
*Liberación de zonas para permitir el ingreso de celulares, venta de celulares, posibilidad de estafar y extorsionar indiscriminadamente.
*Movilización de distintos reclusos a cambio del pago de un precio para trasladarse de un establecimiento a otro.
*Venta de informes de conducta falsos que permiten progresar en las fases del tratamiento penitenciario.
*Venta de certificados de haber cursado estudios que jamás se realizaron”.
El funcionario judicial planteó que “por la magnitud, recurrencia, indicios y pruebas concretas no es posible que se haya arribado a esta situación sin la complicidad de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario”.
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Sin embargo, subrayó que por la “entidad y multiplicidad de hechos haya muchos otros responsables también” y no puede asegurar que los delitos hayan finalizado en las cárceles de Córdoba debido a que “se generó una situación irregular que es la permisión del ingreso de elementos prohibidos”.
Quiénes son los detenidos
* Juan María Bouvier, jefe del servicio desde 2008.
* Víctor Hugo Vivas, subjefe del Servicio Penitenciario.
* Silvia Guadalupe Barbero, subdirectora general del Servicio Penitenciario y pareja de Bouvier.
* Sergio Alejandro Guzmán, subjefe del penal.
* Abogados Gustavo Murga, Julio César Páez y Alfredo Ciocca.
* Ramón Salas, puntero político y empleado del Ministerio de Seguridad de Córdoba que fue echado tras conocerse la imputación.
* Aldo Campos, un “particular” que habría actuado como intermediario de las maniobras de la asociación ilícita. Habría cobrado a cambio de favores a los presos para mejorar sus condiciones de alojamiento.
Call center tumbero
El fiscal Enrique Gavier también lleva adelante una causa paralela por asociación criminal dedicada a la estafa telefónica en la cárcel de Villa María.
Esto derivó en la detención de altos jefes de ese penal. El funcionario judicial advirtió que allí funcionaría una especie de call center tumbero.
Los detenidos son Andrés Américo Aciar, director de la cárcel de Villa María; Edgar Ezequiel Arroyo, subjefe de Operaciones, Néstor Gómez, jefe de Seguridad; Mauricio Agüero, un sargento que forma parte de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Bell Ville; el sargento Santiago Mauricio Martín y el señor Mauricio Eduardo Fernández.
Gavier confirmó hasta ahora son 26 los imputados por asociación ilícita y encubrimiento. En la misma causa también están imputados siete reclusos "con la aparente complicidad de las máximas autoridades" y otras personas del entorno de los reclusos que "trabajaban de manera organizada en aras de la consumación de las estafas".
