El pasado 19 de febrero, en una nota publicada en ElDoce.tv, el periodista Andrés Ferreyra informó sobre la denuncia que el comisario inspector Mauricio Mielgo había recibido por abuso y acoso sexual. Además, se detalló que pese a la acusación interna y a la denuncia judicial existente, había sido ascendido a director de la Unidad Regional Departamental Marcos Juárez.
A partir de esa publicación, Mielgo envió una carta documento con tono intimidatorio a Ferreyra. La situación generó el repudio generalizado del periodismo de Córdoba y también de sectores políticos y organizaciones sociales.
Este martes, el ministerio de Seguridad del Gobierno de Córdoba confirmó que pasó a "situación de retiro obligatorio al comisario mayor Elías Mauricio Mielgo". "El Gobierno tiene una concepción inclaudicable y definitiva en cuanto al respeto irrestricto del derecho a la libertad de prensa, como así también de los derechos que reivindican los valores de un Estado verdaderamente republicano, federal y profundamente democrático", destacó la comunicación oficial realizada en Twitter.
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"La medida es adoptada, sin perjuicio de la prosecución de las causas judiciales en trámite, las que continuarán según el estado en que se encuentren", aclararon sobre las causas judiciales en curso.
Libertad de prensa
Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, se expresó en su cuenta personal sobre el tema. "La defensa de los derechos no otorga a quien se siente ofendido, el derecho de avasallar garantías de raigambre constitucional consagradas por la carta magna", reforzó en línea con lo comunicado oficialmente.
"La libertad de prensa y la inmunidad de opinión de los/as señores/as legisladores/as, son derechos tutelados por la Constitución de la Provincia de Córdoba, nuestra ley fundamental, y su observancia es imperativa en el marco del estado de derecho", agregó, en referencia a la carta documento de similares características que también recibió el legislador radical Dante Rossi.
Mosquera, por último, agregó: "Máxime cuando dicha acción es ejercida por un funcionario policial de alto rango de una institución que, como la Policía de Córdoba, es garante de la plena vigencia de la Constitución nacional y provincial, y de los derechos tutelados por ellas".