Además de sostener la acusación contra los 13 policías juzgados por el crimen de Valentino Blas Correas y el posterior encubrimiento, el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, apuntó hacia otros responsables y cuestionó en duros términos al exministro Alfonso Mosquera.
En su alegato, el fiscal pidió que el exfuncionario y actual legislador del oficialismo sea investigado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos al igual que un exsubsecretario de su gestión, Lucas Mezzano, y el excomisario Gonzalo Cumplido, entre otros dos exjefes policiales (Ludueña y Distéfano).
Hidalgo le reprochó a Mosquera "la utilización de una persona que era un secretario para fines que no tenían nada que ver". En declaraciones a la prensa, remarcó que no le corresponde definir sobre asuntos políticos y aclaró: "Las responsabilidades judiciales las hemos dejado planteadas en toda su máxima expresión".
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En la extensa exposición ante la Cámara Octava del Crimen, el fiscal criticó la conducta de Mosquera y la entrega de un vehículo a Cumplido días después del homicidio de Blas: "El exministro demoró más de dos años en saludar y darle un abrazo a la familia, pero el Toyota Corolla estaba puesto a disposición con ticket y combustible al mes".
El auto que Cumplido recibió del responsable del Ministerio de Seguridad en 2020 fue motivo de un escándalo al margen de la causa por el crimen del adolescente de 17 años. Mezzano se ocupó de darle las llaves, se supo.
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Por esa situación, el fiscal Hidalgo le apuntó al exfuncionario de Mosquera: "Más allá de las justificaciones que brindaron, si hay algo que Mezzano no tenía que hacer era tener algún tipo de relación con Cumplido. Era un funcionario de planta que nada tenía que hacer con el jefe policial".
Al argumentar el pedido de investigación, el fiscal agregó: "Se han utilizado recursos bienes en el caso de Mezzano que tenía que hacer cualquier otra cosa menos participar de las roscas con Cumplido".
Maniobras que llegaron a la jefatura
Hidalgo afirmó que "todas las maniobras de encubrimiento, falsedades y mentiras tenían una gravedad institucional inusitada". Y continuó: "Muchas de esas maniobras se desplegaron y se desarrollaron incluso en el primer piso de la propia jefatura de Policía".
De esta manera, sostuvo que "no hubo solo 13 personas para procurar encubrir este crimen y por eso se pidieron muchas más investigaciones".
A su vez recalcó el planteo para que la familia de Blas y los jóvenes que iban con él sean declarados como víctimas de violencia institucional. "Lo pedimos muy enfáticamente para comenzar a reconocer a quienes sufren estos actos", concluyó.