Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional firmó un DNU con varios puntos claves. Entre ellos, se congelaban los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre y se prohibían los desalojos.
El año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que tiene como objetivo reformar la Ley de Alquileres en Argentina. Este jueves, el Senado de la Nación podría aprobar los cambios y sancionar la nueva normativa que modifica el Código Civil.
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El principal punto que buscan imponer a través de la ley es que se prorroguen los contratos de alquiler por tres años, es decir, ampliarían el tope de vigencia. Acá, las seis claves de la nueva regla de juego entre inquilinos y propietarios:
*Ampliarían el plazo mínimo de contratos a 3 (tres) años, con mecanismos alternativos para ofrecer como garantía del cumplimiento de pago.
*Los aumentos en el alquiler serán anuales y utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales de la inflación, es decir, entre el índice de precios al consumidor (IPC) y la variación de salarios (índice Ripte).
*Se podrá exigir solo un mes de depósito por los contratos con la obligación de devolver el monto actualizado al finalizar.
*El dueño y el inquilino deberán pagar comisión inmobiliaria.
*90 (noventa) días antes que finalice el contrato, las partes se sentarán a discutir las condiciones de la renovación.
*Las expensas ordinarias deberá pagarlas el inquilino, mientras que las extraordinarias el propietario.
A un paso de convertirse en ley, ya hubo varios cuestionamientos. Virginia Manzotti, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, manifestó a Noticiero Doce su preocupación por la intervención en el mercado de alquileres "sin tiempo para analizar". "Creo que va a desalentar a los propietarios y tomarán decisiones con respecto a vender los inmuebles o continuar alquilándolos", sostuvo.
"Le tengo temor al índice porque no es muy claro. Se va a tener en cuenta la inflación y los perjudicados van a ser los inquilinos. Es una medida demagoga. Se está enfocando en que el problema son los propietarios o inmbobiliarias y en realidad hay un déficit habitacional de más 3 millones de viviendas", sentenció Manzotti ante la falta de posibilidades de tener la casa propia.
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