Son el resultado de 30 allanamientos, en simultaneo que el juez federal, Claudio Bonadío ordenó realizar en las oficinas de Máximo Kirchner en el Sur y en varias sociedades, escribanías e inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, todas ligadas a la ex familia presidencial y a los negocios de Lázaro Báez.
Los documentos, se organizaron en unas 400 cajas, celosamente guardadas en una oficina de la Prefectura Naval, en el puerto de Buenos Aires. Según publica hoy, el diario La Nación “La puerta está sellada con una faja que dice "Clausurado" y cerrada con llave. La llave se guarda en un sobre lacrado y firmado, y ese sobre se pone en una caja fuerte donde queda un registro escrito de quien toma la llave para acceder a esas pruebas y de su devolución.”
¿Para qué sirven? En esas cajas, podría haber pruebas suficientes para confirmar alguna de las acusaciones que más preocupan a Cristina Kichner. Por ejemplo, las facturas que demuestran que Lázaro Báez pagó 15 millones de pesos por habitaciones que nunca usó en los hoteles de los Kirchner, durante los años 2013 y 2014. Esa causa corresponde al juez federal, Julián Ercolini e investiga a la familia Kirchner por supuesto lavado de dinero.
Entre las cajas, también podría haber documentación determinante en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello y que tiene como imputada a Cristina Kirchner. Guillermo Marijuan, fiscal de la investigación, intenta determinar si, a través de La Rosadita, Lázaro Báez lavó dinero con giros al exterior o si esos fondos fueron reingresados al país a través de la compra de bonos soberanos de la Argentina. Hasta ahora, de todo este supuesto manejo de dinero, sólo se cuenta con las declaraciones del arrepentido, Leonardo Fariña.
