Sin la presencia de Cristina Kirchner, se realizó la segunda audiencia de alegatos en el juicio por la causa Vialidad, en la que la vicepresidenta es la principal acusada. Está apuntada por ser la presunta jefa de una asociación ilícita que habría direccionado contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
En el primer día de la lectura, el fiscal Diego Luciani afirmó que Néstor Kirchner y la expresidenta crearon “una de las matrices más extraordinarias de corrupción” durante 12 años.
Este martes, Luciani analizó las 51 licitaciones adjudicadas al empresario patagónico “donde observaron un corrimiento grosero de la ley” y sostuvo que se trataron de “una ficción, un montaje” porque no hubo control. Además, remarcó que la administración pública “despedazó” los principios del Estado.
El fiscal hizo hincapié en que 47 de esas licitaciones que ganó el Grupo Austral se realizaron a través de un “sistema burdo”, que se firmaron contratos con una “celeridad injustificada” y que “no contaron con un análisis real, serio y detenido de las ofertas”.
Además, remarcó que hubo una connivencia entre Báez, Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia de Santa Cruz y que la suma ofertada era de 238.248.064 pesos para una de las obras.
Insistió en que el convenio aclaraba que el Estado se comprometía a financiar la obra y que fue una prueba clave: “Conocía de antemano el monto que se iba a financiar o se firmó el convenio en blanco y después se le puso la cifra, no lo sabemos, pero se benefició a Lázaro Báez”.
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Diego Luciani destacó una “rapidez asombrosa” en los concursos de obras con “ausencia absoluta de control” y “bajo una directiva de las más altas autoridades del país” para beneficiar a Baéz.
En ese contexto, apuntó que “dejaron en evidencia la arbitrariedad de las decisiones" y cuestionó que detectaron obras donde el estudio se realizó en tres días como máximo. "No realizaron ningún análisis serio respecto a las empresas ofertantes”, resaltó.
Desde la fiscalía aseguraron que cada uno de los contratos presenta el mismo comportamiento, modalidad que “descuidó los recursos del Estado”.
Además, sostuvieron que “se rompió el principio de igualdad de condiciones” en los concursos de obra pública porque se aplicó “ley provincial (Santa Cruz) en rutas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional”. De esa forma, consideró que “se cometieron hechos constantes de corrupción”.
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Por esto, se preguntó: “¿Cuál fue la razón de aplicar la normativa provincial y nadie advirtió esta burda ilegalidad y los organismos de controles no funcionaron?". Y rápidamente planteó que “era parte del plan, para restringir la publicidad y evitar la sana competencia”.
Sobre las contrataciones a “la persona elegida por los jefes de la asociación ilícita”, Luciani fue enfático: “Hubo una asignación abusiva”. También manifestó que las maniobras de “corrupción sistemática” se prolongaron en el tiempo. Por esta razón, fue contundente: “Todos los imputados deben rendir cuenta ante otro poder del Estado”.
El alegato del fiscal Sergio Mola
Después de un breve cuarto intermedio, Mola siguió con el juicio y señaló que las metodologías para poder direccionar las licitaciones en beneficio de Báez se detectaron en la primera obra.
Reveló que justificaron la urgencia de refaccionar una deteriorada ruta por la temporada invernal: “La urgencia no era la obra, sino dejar una metodología para poder direccionar las licitaciones”.
También expuso cómo fue el modus operandi que inició Néstor Kirchner, que luego continuaron Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y que perfeccionó Cristina Kirchner durante su mandatato como presidenta.
Para Mola, el esquema ideado permitió que “Lázaro sea Néstor y Cristina”. Por eso, aseguró que las concesiones que recibió el empresario de la Patagonia “no eran por él sino por orden de los jefes de la asociación ilícita”.