A una semana de que finalice el período legislativo del 2021, la Legislatura de Córdoba abrió el debate de un proyecto que tiene como objetivo regular el juego online. La iniciativa fue presentada por el radical Orlando Arduh junto a legisladores del PRO, Silvia Paleo, Darío Capitani, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio. Podría ser aprobado el 29 de diciembre, última sesión del año.
Lo cierto es que hay un hermetismo en Hacemos por Córdoba, que hasta el momento no se pronunció y, según trascendidos, daría el visto bueno. Al tiempo que creció el malestar en la oposición, incluso en legisladores de Juntos por el Cambio que se manifestaron en contra.
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Ahora la Iglesia Católica rechazó el proyecto. A través de un comunicado, la Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba sostuvo que “legalizar el juego es exprimir a los pobres”. Insistó en que “favorecerá un negocio que se aprovecha de la fragilidad de los más vulnerables”.
Por eso, la Pastoral apuntó a la importancia de promover la cultura del trabajo y no del juego, remarcando que más del 60 por ciento de los niños, niñas y adolescentes son pobres en Argentina.
“Es urgente generar propuestas que creen fuentes de trabajo digno, y que promuevan y favorezcan la cultura del trabajo y el esfuerzo. Este proyecto de ley va claramente en dirección contraria”, sentenció.
El comunicado completo
Legalizar el juego es exprimir a los pobres.
Ante el inminente tratamiento, en la Legislatura Provincial, del proyecto de ley que propone legalizar el juego y las apuestas online, las Pastorales Social y de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba nos vemos en la necesidad de expresar, una vez más, nuestra honda preocupación por lo que consideramos una iniciativa que favorecerá un negocio que se aprovecha de la fragilidad de los más vulnerables.
Como ya señalamos, el Estado debe proteger al frágil, no exprimir su fragilidad. Hay cierta perversidad en la pretensión de justificar el negocio del juego con el argumento de que una parte de lo recaudado por el Estado, a través de esta ley o de otra ley, se destinará a ayuda social o la implementación de programas para prevenir o tratar la ludopatía. Es como darles a los pobres una parte de lo que antes se les quitó para que alguien, en el medio, haga un negocio.
Legalizar el juego es fomentar el juego.
La ley, se dice, tiene un efecto pedagógico; educa, establece límites, indica el camino de la legalidad para una mejor convivencia. Al respecto, nos preguntamos: ¿Con qué argumento ético les explicaremos a nuestros niños y jóvenes que es la misma ley provincial la que les habilita el acceso al mundo de las apuestas, de los juegos de azar que -todos sabemos- son tan perjudiciales y adictivos?
Promover la cultura del trabajo, no del juego.
En un país que tiene más del 60 por ciento de sus niños y adolescentes sumidos en la pobreza, es urgente generar propuestas que creen fuentes de trabajo digno, y que promuevan y favorezcan la cultura del trabajo y el esfuerzo. Este proyecto de ley va claramente en dirección contraria.
Con toda la sociedad, pedimos a las y los legisladores actitudes responsables en favor del bien común, iniciativas y políticas creativas que incrementen las fuentes de trabajo como presupuesto de la deseada movilidad social ascendente.
En este tiempo tan especial de Navidad, en el que también celebramos que Dios asumió en Jesús todas nuestras alegrías, dolores, desafíos y esperanzas, compartimos el deseo de que el año próximo trabajemos todos juntos en la búsqueda de herramientas y acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, en particular de los niños, niñas y adolescentes que están sumidos en la pobreza.
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